Por: María Emilia Molina de la Puente
En medio del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial, vale la pena regresar a una verdad fundamental: la justicia no se improvisa. Juzgar exige conocimiento técnico, vocación de servicio, independencia de criterio y, sobre todo, un sistema que garantice que quienes imparten justicia estén a la altura de la responsabilidad que conlleva su cargo. Ese sistema existe y se llama Carrera Judicial.
La Carrera Judicial ha sido, por décadas, el modelo que regula el ingreso, la formación, la evaluación y la promoción de las personas juzgadoras en México. Su principio rector es claro e innegociable: el mérito. En un país donde tanto se exige la profesionalización de las instituciones, la Carrera Judicial representa una de las estructuras más sólidas y efectivas, con estándares objetivos, transparentes y rigurosos.
Desde 1996, más de 14 mil personas han accedido a cargos jurisdiccionales mediante concursos de oposición organizados por la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ). Se trata de procesos que no se limitan a evaluar conocimientos jurídicos, sino que también evalúan habilidades prácticas, competencias socioemocionales y, desde luego, principios éticos. La evaluación no se limita a una sola prueba: contempla varias etapas, incluye comités técnicos con personas expertas, y cuenta con mecanismos para evitar el nepotismo y otras prácticas contrarias al Estado de Derecho.
Hoy más que nunca, frente a la posibilidad de elegir a las y los jueces mediante voto popular, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a sacrificar el profesionalismo por la popularidad. ¿Queremos un sistema de justicia basado en méritos o en campañas electorales?
No es una pregunta menor. La elección popular por voto directo, como plantea la reforma, no contempla la experiencia gradual (curva de aprendizaje) ni la capacitación técnica especializada que requiere una función tan delicada como juzgar. Tampoco garantiza independencia; al contrario, puede abrir la puerta a la politización de la justicia. Una persona juzgadora no debe responder a las mayorías ni a intereses electorales, sino a la Constitución, actuando en defensa de los Derechos Humanos, incluso cuando el marco constitucional o legal pueda fallar en protegerlos.
La historia –y especialmente el legado del Tribunal de Núremberg- responde con claridad al cuestionamiento de ¿a quién debe responder una persona juzgadora si la Constitución no basta para proteger los derechos humanos? Las leyes nazis eran, en su momento, válidas y legales. Sin embargo, legitimaron actos atroces. Los jueces que las aplicaron sin cuestionarlas no fueron absueltos: fueron juzgados, porque la justicia no puede reducirse a la obediencia ciega al derecho positivo.
El juicio de Núremberg sentó un precedente: existen principios universales, como la dignidad humana y los derechos fundamentales, que están por encima de cualquier ley interna. De ese espíritu nacen las figuras del control de convencionalidad y del control difuso, herramientas que permiten y exigen a las personas juzgadoras defender derechos humanos incluso por encima de normas constitucionales cuando estas son injustas, omisas o regresivas.
Este deber profundo sólo puede ejercerse con independencia. Una personas juzgadora no puede –ni debe- someterse al poder político, ni a mayorías coyunturales. No puede buscar aplausos, sino hacer lo correcto, incluso cuando eso implique incomodar al poder. Y para eso necesita formación, experiencia, rigor técnico y libertad de criterio. No campañas. No votos. No compromisos electorales.
Este enfoque dota de sentido trascendente a la Carrera Judicial: no se trata solo de un esquema profesional, sino de una plataforma que prepara a las y los juzgadores para actuar conforme a los más altos estándares éticos y jurídicos, tanto nacionales como internacionales.
La EFFJ, sin cambiar su estructura, duplicó en 2024 el promedio de procesos de selección que había sostenido en los últimos siete años. Asimismo, ha extendido más de 34 mil constancias de capacitación y ha formado a más de 2,500 estudiantes de derecho en prácticas judiciales, garantizando el acceso democrático y profesional a la judicatura. Esta apuesta por el mérito y la profesionalización es la mejor inversión en la justicia del futuro.
Quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación reconocemos los retos pendientes: la ineficacia en la investigación de delitos que genera impunidad, la sobrecarga de trabajo, los rezagos procesales, la necesidad de fortalecer la justicia local. Pero sabemos también que ninguna reforma será eficaz si destruye los pilares que sostienen la independencia judicial.
México necesita una justicia imparcial, profesional, cercana y efectiva. La Carrera Judicial con todos sus mecanismos de mejora continua, es el mejor camino para lograrlo. Apostar por ella no es un privilegio de cúpulas, es un modelo de mérito que debe perfeccionarse, no abolirse. Defenderla es defender el derecho de todas las personas a una justicia de calidad, valiente, libre y comprometida con los derechos humanos.
Magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación de Mexicana de Juzgadoras A.C.
