La inmensa escalada militar norteamericana en el Caribe, ahora denominada operación Lanza del Sur, y el llamado a revivir la Doctrina Monroe han puesto el foco de atención sobre América Latina como no había sucedido en décadas.
Durante las últimas semanas, políticos y comentaristas de Estados Unidos han comenzado a promover el uso de la fuerza militar para deponer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela proponiendo operaciones de cambio de régimen.
En varios medios se propone de forma irresponsable una serie de opciones que van desde ataques aéreos en contra del régimen, la promoción de un golpe militar con ayuda encubierta, e incluso el secuestro o asesinato del presidente venezolano. Todos comparten la idea de que un cambio de régimen en Venezuela podría ser fácil. Al final de cuentas, el gobierno de Nicolás Maduro carece de cualquier legitimidad política y social, y el Estado venezolano ha sido erosionado por años de autoritarismo, corrupción y sanciones internacionales.
La idea de que todos los problemas en Venezuela inician y terminan con Nicolás Maduro es un grave error. El entramado de generales y élites que sostienen el gobierno autoritario —y que sobrevivió a la muerte de Hugo Chávez— se mantiene firme en el poder.
En tal caso, una operación militar en contra de Maduro tiene altas posibilidades de generar un vacío de poder y una lucha entre la élite militar —conformada por aproximadamente 2,200 generales— por asegurar sus privilegios y controlar los recursos lícitos e ilícitos de Venezuela: petróleo, oro y las rutas de trasiego de drogas.
En tal caso, el ejemplo que se presenta no es una situación como la de Panamá en 1989 en donde una operación rápida llevó a la caída de Manuel Noriega y a la creación —tras varios años— de un gobierno democrático; sino una situación similar a la de Libia, país que ha estado envuelto en guerras civiles e inestabilidad desde 2014, tras una operación similar para deponer al dictador Muammar Gaddafi.
Todo esto tendría profundas consecuencias locales y regionales, comenzando con el inmenso sufrimiento que esto podría ocasionar al pueblo venezolano.
La operación Causa Justa en Panamá llevó a la muerte de cientos de civiles —cuyo número todavía no conocemos—. Un proceso similar pondría en riesgo a millones de venezolanos. A su vez, una situación inestable en Venezuela generaría más presión sobre una población vulnerable y llevaría a un aumento de la migración irregular. En tal caso, se darían las condiciones ideales para que los grupos del crimen organizado expandan sus operaciones por todo el territorio.
Para la región una operación de esta naturaleza tendría graves consecuencias. Venezuela ha expandido sus fuerzas armadas durante décadas y mantiene arsenales que fácilmente podrían caer en manos de grupos paramilitares y del crimen organizado por toda la región.
No sabemos cómo un cambio de régimen podría repercutir en las tensas relaciones entre Venezuela y su vecina Guyana, con quien ha mantenido décadas de conflictos territoriales.
Para Colombia y Brasil, una Venezuela inestable podría suponer un grave riesgo a su seguridad interna a través de sus fronteras porosas; y para México, Colombia y Perú sentaría un precedente inaceptable al justificar operaciones de cambio de régimen a partir de la excusa del combate al narcotráfico.
Profesor de la División de Estudios Internacionales del @CIDE_MX