Por Héctor Schamis
Ocurrió en octubre de 2014. “Fue el Estado”, decía la inscripción iluminada en el suelo del Zócalo. La frase resumía la protesta que se propagó por todo el país. La consigna tomó las redes sociales por asalto y el hashtag #FueElEstado le dio la vuelta al planeta. Ocurrió a raíz de las fosas comunes halladas en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, donde se presumía que habían sido enterrados los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pocos días antes.
Allí se encontraron varios restos humanos, incinerados. Sin embargo, la evidencia forense fue insuficiente para identificar a alguno de los estudiantes secuestrados. Sí alcanzó para incriminar al cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían ejecutado y luego hecho desaparecer sus cuerpos. Ello actuando en colusión con la policía de Iguala, a su vez cumpliendo órdenes del alcalde. De ahí, “Fue el Estado.”
El gobierno del entonces presidente Peña Nieto, por su parte, se evadió detrás de una ficción jurídica, una peculiar noción de federalismo. El Procurador Murillo Karam afirmó que el Gobierno Federal no tenía competencia para intervenir y que, de hacerlo, habría sido una “invasión de ese territorio”. Concluyó con una afirmación tajante: “Iguala no es el Estado mexicano”. En una suerte de abdicación, la misma Procuraduría siendo funcional a la fragmentación territorial. El crimen organizado de parabienes.
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) dictaminó que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un “crimen de Estado" y que no había indicios de que las víctimas se encuentren con vida. El informe estableció que el crimen fue responsabilidad de integrantes del grupo Guerreros Unidos y “agentes de diversas instituciones del Estado mexicano". En base a dicho informe, fue detenido Murillo Karam "por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa". Y se expidieron órdenes de arresto contra otros funcionarios.
El tiempo había transcurrido. En 2022 gobernaba otro presidente, López Obrador, y otro partido, Morena. Sin embargo, no mucho cambió con ello. Cuando se señala que el accionar del crimen organizado representa una “amenaza y crisis estructural” en la región—y México no es el único caso—ello significa que persiste ante condiciones cambiantes, incluido un cambio de gobierno y de partido. Pues dicha crisis estructural persiste hoy en 2025 y los instrumentos discursivos también.
El sábado último, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una movilización a la Plaza de la Constitución. Ello en protesta por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan del Progreso, estado de Michoacán, y contra la violencia y la inseguridad. La respuesta del gobierno de Sheinbaum fue similar a la de Murillo Karam en 2014. No pronunció las palabras “Uruapan no es el Estado mexicano”, lo comunicó con una valla metálica de más de tres metros de altura alrededor del Palacio Nacional. O sea, la imagen visual deslinda responsabilidades; o al menos eso pretende.
La sociedad le respondió escribiendo “Narcoestado” sobre la valla. La misma respuesta que dio en 2014 escribiendo “Fue el Estado” en el piso del Zócalo, nada ha cambiado. O sí hay cambios: el crimen organizado es más violento, más extendido en el territorio nacional y con una capilaridad social más profunda. La sociedad exige acciones contra los cárteles, pero la presidenta responde aislándose. Es toda una definición.
El asesino fue arrestado. Un joven de 17 años, aparentemente adicto a la metanfetamina, que había sido reclutado por el narcotráfico; un fenómeno generalizado en América Latina donde los crímenes cometidos por adolescentes crecen año a año, a propósito de la capilaridad social del crimen organizado. Pues murió de un balazo en la escena del crimen, antes de prestar declaración y estando bajo custodia policial. Caso cerrado, fin de la investigación.
Según las autoridades ello ocurrió debido a un forcejeo con las fuerzas policiales que amenazaba la integridad física de las mismas. Sin juicio, el joven sicario murió inocente. No recibió abrazos, tan solo el predecible balazo de lo que se asemeja a una ejecución extrajudicial.
Profesor de la Universidad de Georgetown