Por Christopher Cernichiaro Reyna
En el debate público suele asumirse que para reducir la pobreza basta con aumentar el gasto público. La lógica parece sencilla: si los gobiernos destinan más recursos a programas sociales, infraestructura o servicios básicos, las condiciones de vida de la población deberían mejorar. Sin embargo, la evidencia muestra que la relación entre gasto y bienestar no siempre es tan directa.
Un análisis reciente sobre el desempeño del gasto público a nivel municipal en México revela un resultado que puede parecer contraintuitivo: muchos de los municipios que logran mejores resultados en la reducción de la vulnerabilidad social no son necesariamente los que más recursos reciben. En promedio, los municipios más eficientes presentan niveles menores de gasto por habitante que aquellos considerados ineficientes.
Esto no significa que el gasto público no sea importante. Lo que sugiere es algo distinto: el problema no es solamente cuánto se gasta, sino cómo se utilizan los recursos. Municipios con presupuestos relativamente modestos pueden lograr mejores resultados cuando los recursos se traducen en servicios públicos que atienden las necesidades de la población.
Los datos muestran, por ejemplo, que algunos factores asociados a la provisión directa de servicios tienen una relación más clara con la reducción de carencias sociales. Entre ellos destacan el número de consultorios médicos, las escuelas y los profesores de educación media superior y superior. En contraste, los montos de transferencias federales que reciben los municipios no aparecen entre los factores más determinantes para explicar los mejores resultados.
Estos hallazgos invitan a repensar la manera en que se evalúa el gasto público. Durante años el debate se ha concentrado en si los recursos son suficientes o si deberían incrementarse. Pero la evidencia sugiere que la calidad de la ejecución, la organización de los servicios y la capacidad administrativa de los gobiernos locales juegan un papel fundamental.
Sin embargo, el desempeño municipal también debe entenderse dentro del arreglo institucional del país. En México, muchos servicios públicos dependen de decisiones compartidas entre la Federación, los estados y los municipios. Por ello, los resultados que se observan a nivel local no dependen únicamente de las autoridades municipales.
Evaluar la eficiencia del gasto no significa señalar responsables únicos, sino identificar qué municipios logran transformar mejor los recursos disponibles en servicios que mejoran las condiciones de vida de la población. La lección es clara: aumentar el gasto no garantiza por sí mismo mejores resultados sociales. En un país tan diverso como México, fortalecer la gestión pública local, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y revisar los incentivos de las transferencias puede ser tan importante como discutir cuánto dinero se asigna.
Nota: La evidencia mencionada en esta columna se basa en el estudio de Valdés Iglesias, Méndez Salazar y Cernichiaro Reyna (2026), “Pobreza, carencias sociales y recursos públicos municipales en México”, por publicarse en la revista Investigación Económica de la UNAM en el número de Primavera 2026.
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Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco