MARCO ANTONIO MICHEL DÍAZ
Recientemente, la jefa de Gobierno Clara Brugada dio un primer paso concreto en la recuperación de vivienda desocupada y deteriorada en la Ciudad de México. La estrategia arrancó con la demolición de los edificios de Fray Servando 172 y 174, dañados desde los sismos de 1985 y 2017, con el objetivo de transformar esos predios en vivienda accesible. Además, ya se tienen identificados otros casos: seis edificios en Tlatelolco, un inmueble en Insurgentes Sur 102 y otro en San Antonio Abad 8, que serán rehabilitados o demolidos según lo determinen los estudios técnicos. El programa contempla esquemas mixtos de financiamiento, desde recursos públicos hasta créditos fiscales y acuerdos con propietarios, con la finalidad de reforzar, demoler o reconstruir espacios inseguros y ponerlos en movimiento como vivienda. Esta decisión no solo responde a un problema de seguridad estructural, sino que abre la puerta a un enfoque mucho más ambicioso: recuperar el stock de inmuebles vacíos o dañados para hacer frente a la crisis habitacional de la capital.
La paradoja es clara: en la Ciudad de México conviven miles de viviendas desocupadas con precios de compra o renta cada vez más altos. Según el Censo 2020 del INEGI, hay 207,026 viviendas deshabitadas, lo que equivale al 7% del parque habitacional. Solo en las alcaldías centrales —Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán— hay más de 66 mil inmuebles vacíos, suficientes para cubrir toda la demanda anual de la ciudad. El problema no es la falta de ladrillos, sino la ausencia de suelo a precios accesibles y la ineficiencia en el uso del parque habitacional existente.
De acuerdo con la firma AI360, entre 2015 y 2023 el precio del suelo en la capital aumentó 139%. Mientras los salarios crecieron a un índice de 252 (base 2005 = 100), la vivienda se disparó a 435. La brecha se traduce en un mercado excluyente: familias que destinan una parte cada vez mayor de su ingreso a la renta o que deben mudarse a zonas periféricas, lejos de sus centros de empleo. La desigualdad espacial es evidente: en 2022, el metro cuadrado en Benito Juárez costaba 44,400 pesos, mientras que en Milpa Alta apenas superaba los 2,000.
Ante este panorama, el gobierno debe avanzar con medidas estructurales. La creación de un registro oficial de inmuebles desocupados permitiría aplicar incentivos y sanciones: desde un predial más alto para quienes mantengan propiedades vacías hasta beneficios fiscales para quienes las pongan en renta o venta. Se trata de desincentivar la especulación y ampliar la oferta real en el mercado. Paralelamente, el fortalecimiento del mercado secundario de vivienda puede liberar unidades más accesibles si se facilitan procesos de compra-venta, se reducen costos de transmisión de dominio y se simplifican trámites.
La densificación también es una ruta ineludible. Permitir mayor altura y más unidades por lote en zonas consolidadas puede incrementar la oferta sin necesidad de expandir la mancha urbana, siempre que vaya acompañada de inversiones en transporte y servicios, y de una visión de ciudad que garantice calidad de vida. Además, el propio gobierno cuenta con suelo e inmuebles subutilizados que podrían destinarse a proyectos de vivienda social y de interés medio.
En este esfuerzo, los institutos de vivienda como el Infonavit y el Fovissste deben jugar un papel central. La mayoría de sus afiliados reside precisamente en la Ciudad de México y son ellos quienes más resienten la paradoja de casas vacías y precios inaccesibles. Estos organismos, con su capacidad de financiamiento y experiencia, pueden convertirse en piezas clave para transformar los inmuebles recuperados en vivienda habitable y asequible, garantizando que la política pública no se quede en buenas intenciones sino que tenga un impacto real en la vida de los trabajadores.
La crisis habitacional de la Ciudad de México no se resolverá con controles de renta ni con políticas que encarezcan la formalidad. La clave está en maximizar lo que ya existe: reactivar la vivienda desocupada, recuperar y densificar inmuebles dañados, aprovechar el suelo público y movilizar los recursos de los institutos de vivienda. En una ciudad con abundancia de espacios sin uso, lo que falta no son viviendas, sino voluntad política para ponerlas en movimiento. La intervención que hoy encabeza Clara Brugada podría ser el inicio de una política de Estado más amplia, capaz de transformar el rostro de la capital y responder a una demanda tan urgente como justa: el derecho a una vivienda digna.
*Marco Antonio Michel fue Director de Política de Vivienda y Subsecretario de Vivienda del Gobierno Federal entre 1985 y 1988. Se ha desempeñado también como Delegado en Iztapalapa y como Coordinador del INFONAVIT en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
