Antes de la consolidación de la medicina institucional, las parteras eran figuras centrales en la atención de los alumbramientos y la salud reproductiva, especialmente entre los sectores populares. Sin embargo, con la modernidad y la profesionalización médica, su papel comenzó a ser cuestionado y criminalizado. En espacios urbanos como la Ciudad de México, donde la demanda de servicios reproductivos crecía rápidamente, las parteras operaban en un terreno incierto entre la legalidad y la clandestinidad.
Muchas de ellas no únicamente asistían partos, sino que también practicaban abortos en un contexto donde estas conductas estaban penalizadas y donde las mujeres carecían de alternativas seguras. Esta situación las colocó en el centro de una serie de acusaciones que iban desde la práctica ilegal de la medicina hasta el infanticidio. Así, la figura de la partera pasó de ser una cuidadora tradicional a ser una posible amenaza, ignorante o moralmente sospechosa. No obstante, más que actuar como criminales, las parteras respondían a necesidades urgentes como la falta de acceso a servicios de salud, la presión moral sobre la maternidad y la ausencia de educación sexual.
Un caso muy sonado, en 1941, fue el de Felícitas Sánchez Aguillón, conocida como “La descuartizadora de la Roma”. Según la historiadora Martha Santillán, Felícitas era una partera que operaba en un entorno urbano en transformación, donde convergían la necesidad, la clandestinidad y la desprotección. Fue denunciada por sus vecinos por asesinar a múltiples recién nacidos y abandonar sus restos en las tuberías del drenaje. De esta manera, su figura fue ampliamente explotada por la prensa sensacionalista, la cual la presentó como un monstruo en titulares bajo los apodos de “mujer hiena” o “la ogresa”.
Además, su caso se popularizó debido a que representaba la contradicción de los valores femeninos y morales de la época. Ante eso, los periódicos no dejaron de informar sobre el caso porque “una cruel ogresa matadora de niños que se deshacía de sus restos descuartizándolos y esparciéndolos, igualmente los tiraba a los botes de basura, los quemaba y los enterraba” no era digna de compasión y debía ser encarcelada. Los lectores también estuvieron pendientes del caso, por ello los medios, sin ningún fundamento, añadieron que Felícitas “le había sido infiel a su marido, que había abandonado a su anciana madre y regalado a sus dos hijas, que vivía con un nuevo amante y que embrujaba a la mujer de su exmarido […] se dedicaba a vender niños y a realizar brujerías para engatusar a los hombres”.
A pesar de que varias de las imputaciones que se le hicieron resultaron ciertas, sobre todo, la práctica de abortos, Felícitas no recibió la sanción que, según algunos, se merecía, dada la mala redacción de las leyes penales aplicables. La única prueba de sus actos eran los cuerpos desechados en las tuberías, por lo que el juez tercero de lo penal la condenó por violación a las leyes de inhumaciones y le otorgó seis meses en prisión, aunque, para escándalo de la sociedad, más tarde fue liberada gracias a que presentó una fianza por 600 pesos.
El asunto no terminó ahí. Sin que se conocieran las causas —muchos dijeron que fue castigo divino— Felícitas, tiempo después, se quitaría la vida. En la nota roja apareció que a “«la descuartizadora de la Roma», la verdadera justicia le llegó finalmente por otro camino: el de la culpa que la llevó al suicidio dos meses más tarde ante la exigencia de «los angelitos» que no dejó nacer y quienes la rondaban por las noches”.