México enfrenta hoy un parteaguas en la forma en que se administra justicia. La reforma judicial de 2024 no es solamente una reestructuración normativa; es, en esencia, un llamado urgente a redefinir la legitimidad del Poder Judicial, a recuperar su lugar como uno de los tres pilares fundamentales del sistema democrático mexicano.
En esta coyuntura, el establecimiento de una Ley de Carrera Judicial se convierte en uno de los intentos por construir una justicia con rostro humano, técnica y cercana a la sociedad; este es un fin y depende de todos lograrlo.
El Poder Judicial es el que resuelve las controversias que surgen entre particulares y entre éstos y el Estado. Es el guardián último de la Constitución, de donde emanan los derechos humanos que protegen a todas las personas.
Sin embargo, su realidad ha sido distante: formalmente autónomo, pero en la práctica débil, desconectado de la gente y a veces, cooptado por intereses políticos o de élite.
Desde la reforma de 1994 impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, el sistema judicial mexicano comenzó a transitar hacia una lógica de profesionalización y estándares internacionales. Pero el diagnóstico, treinta años después, no es alentador: la confianza social en los jueces sigue siendo baja y la justicia aún es percibida como lenta, costosa y ajena. En ese contexto, la nueva Ley de Carrera Judicial no solo es oportuna, sino necesaria, pero insisto que, si no la cumplimos las cosas en materia judicial no cambiará y seguiremos quejándonos que el sistema judicial no funciona.
Esta ley busca profesionalizar al funcionariado judicial a través de un sistema estructurado de ingreso, formación, evaluación, permanencia y remoción basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades.
No es poca cosa: por primera vez en la historia reciente, se construye una ruta de desarrollo profesional judicial con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y exigencias técnicas claras de forma integral: federal y local.
De acuerdo con el artículo 5 de esta legislación, los fines de la carrera judicial son garantizar la imparcialidad, independencia, profesionalización y especialización de quienes imparten justicia; fomentar el sentido de identidad institucional y contribuir, finalmente, a una justicia eficaz, legítima y orientada por los principios de igualdad sustantiva y justicia social.
Además, se establece la creación de un Programa de Formación y Desarrollo Profesional, cuya riqueza temática abarca desde el acceso a la justicia y la interpretación jurídica, hasta la defensa de derechos humanos, la perspectiva de género y los derechos de grupos históricamente excluidos como pueblos indígenas, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes.
Pero el mayor cambio no está solo en el diseño normativo, sino en la transformación cultural que implica esta reforma.
Por primera vez, se establecen mecanismos claros de rendición de cuentas para jueces, quienes serán evaluados al cumplir un año en funciones. Quien no cumpla con los estándares mínimos, deberá ser removido. Ya no habrá cabida para la simulación: el derecho de la sociedad a una justicia de calidad se vuelve exigible.
No obstante, este nuevo paradigma solo podrá consolidarse si hay vigilancia ciudadana, participación activa y compromiso institucional.
Septiembre y octubre de 2025 será recordado como el inicio de un proceso sin precedentes: el año en que todos los jueces federales y estatales entran a laborar bajo el esquema de elección popular y al cumplir un año (sep-oct. 2026) serán evaluados en su desempeño. En este momento cuando llegue, la sociedad tendrá la oportunidad —y la responsabilidad— de exigir que se transparente dicha evaluación y solo el juzgador bien evaluado permanecerá.
Si esta evaluación se implementa con rigor, imparcialidad y transparencia, podríamos estar ante el inicio de un verdadero renacimiento judicial. Pero si no se cumple, el riesgo es grande: profundizar el desencanto social, debilitar aún más al Poder Judicial.
La justicia no es solo una función del Estado; es una expectativa social y una condición indispensable para la paz.
Por eso, esta reforma debe ser acompañada, vigilada y exigida por todas y todos. Porque no habrá democracia sólida sin un Poder Judicial fuerte, autónomo, capacitado y cercano a la gente. La ley ya está escrita. Ahora, la historia la debemos construir entre todas y todos.
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