De manera inédita, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, suspendió cuatro de las seis leyes que componen el llamado “Plan B”, conjunto de leyes que constituyen una mini reforma electoral. Este Plan se presentó dado que la reforma electoral constitucional, el “Plan A”, no alcanzó la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Cámara de Diputados.
El ministro Laynez fue elegido, en 2015, por 81 senadores. La gran mayoría de esos senadores dejaron su escaño desde 2018.
El Plan B fue propuesto por el poder ejecutivo más legítimo que hemos tenido en décadas. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la presidencia de la república sin fraude electoral ni irregularidades, como las que se dieron para imponer en la presidencia a Salinas de Gortari, a Felipe Calderón o a Peña Nieto. AMLO ganó las elecciones con 30 millones de votos, 11 millones de votos más que su más cercano competidor, ganó con el 52 por ciento de la votación. Sólo para hacer una comparación, en Francia, votó por Emmanuel Macron menos del 28 por ciento de los votantes, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Además AMLO, en el momento actual, goza de una popularidad del 61 por ciento, es decir, casi 10 puntos más de aprobación que el día de su elección, a pesar del desgaste que ocasiona el ejercicio del poder (de acuerdo a la última encuesta de Morning Consult, con datos de finales de marzo de 2023). Así que la decisión del ministro Laynez va en contra de la mayoría de la población que apoya a su poder ejecutivo.
La decisión del ministro no sólo va en contra de un poder ejecutivo legítimo sino también en contra de un poder legislativo, también legítimo. En efecto, el Plan B fue aprobado, de manera democrática, legal y legítima por ambas cámaras, la de diputados y la de senadores.
Las cámaras son los representantes del pueblo. Los actuales diputados fueron elegidos por casi 49 millones de electores, en junio de 2021, mientras que la mayoría de los actuales senadores fueron elegidos por más de 56 millones de electores, en julio de 2018.
De esta manera no es nada democrático, ni legítimo, que una sola persona vaya en contra de los poderes ejecutivo y legislativo, elegidos esos sí de manera democrática, legal y legítima, por decenas de millones de personas.
La esencia del Plan B es reducir los costos enormes del INE, el aparato electoral más caro del mundo, que consume alrededor de 20 mil millones de pesos, haya o no elecciones.
Por si fuera poco, que una sola persona tenga el poder para detener iniciativas del poder ejecutivo y leyes ya aprobadas por ambas cámaras, el ministro Laynez litiga en contra de la gran mayoría de la población. Efectivamente, a finales del año pasado, el mismo INE mandó a hacer una encuesta para conocer la posición de la población sobre el Plan A. En dicha encuesta, el 75 por ciento de la población se manifestó por reducir los recursos que se le otorgan al INE, es decir las tres cuartas partes de la población.
Por lo que es muy pertinente la pregunta ¿a qué intereses sirve el ministro Laynez?
