No hay duda de que la administración del presidente Donald Trump está estirando las facultades que el poder ejecutivo en Estados Unidos tiene en materia de migración. Han expulsado a migrantes indocumentados a terceros países, como Panamá, Costa Rica y El Salvador, enviado a otros más a la base militar en Guantánamo y resucitado una ley de más de dos cientos años de edad para usar en algunos de estos casos. Mientras tanto, han tratado de terminar los permisos humanitarios que tienen muchos migrantes que entraron legalmente al país durante la pasada administración, para que ellos también sean sujetos a la deportación.
Hay dos tendencias visibles más una gran incógnita en este proceso. La primera tendencia es que la administración actúa en todos estos esfuerzos con suma rapidez, desafiando a los tribunales a intervenir. No les preocupa a los asesores de Trump que haya demandas legales contra las medidas que implementan, porque su intención es justamente mostrar que pueden actuar rápido y en muchos tableros al mismo tiempo, y que su velocidad excede siempre la capacidad de los tribunales para responder.
La segunda tendencia evidente es que hay mucho escepticismo de los tribunales hacia estas medidas migratorias. Hay amparos vigentes impuestos por distintos jueces que están limitando el uso de la facultad de expulsión, basada en la ley de “enemigos extranjeros”, aprobada en 1798, y que otros que no permiten la cancelación del estatus legal de cientos de miles de migrantes con permisos humanitarios. Hasta ahora, estas medidas más extremas de la administración están encontrando resistencia de parte de jueces liberales y conservadores, cortes distritales y de apelación y, en un caso sonado, hasta de los magistrados de la Suprema Corte.
El ritmo está establecido. La administración toma una acción inesperada y desafía a los tribunales, que tardan en responder, pero que en algún momento finalmente llegan a dictar un amparo para detener las acciones de la administración. Pero aquí está la gran incógnita. En la mayoría de los casos, las decisiones contrarias a la administración están basadas en temas procedimentales y no todavía en decisiones sobre los méritos en el fondo de las acciones. Hay que ver cómo vienen las siguientes decisiones de las mismas instancias judiciales y, al final, qué dictamina la Suprema Corte en estos casos cuando lleguen en algún momento a la instancia máxima de la justicia estadounidense.
Estoy seguro de que la administración Trump quiere ganar estos casos, pero también están usando estas medidas más extremas para ganar tiempo. Ha sido muy difícil para ellos echar a andar la maquinaria de deportación, por cuestiones logísticas. Faltan recursos, agentes, centros de detención y, sobre todo, información sobre el paradero de los indocumentados. Pero todo esto puede cambiarse con el paso del tiempo. El Congreso está por asignar nuevos recursos a las agencias a cargo de las deportaciones y la administración está empezando a conectar las bases de datos existentes en el gobierno para localizar a las personas que pueden ser sujetas a deportación.
Sin duda, la administración Trump quiere estirar las facultades que tienen para detener y expulsar a los migrantes indocumentados, pero también les ha servido de forma simbólica en los primeros meses de la administración para mostrar dureza mientras logran aceitar los procesos regulares que permiten encontrar, detener y deportar a los migrantes indocumentados. Puede ser que la administración pierda en muchos de estos casos, pero que al final también logre sus metas con el paso del tiempo.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias. @SeleeAndrew
