Presiones reales e inventadas  

Según los reportajes en la prensa, el gobierno de Donald Trump pidió al gobierno mexicano restringir la salida de sus ciudadanos hacia la frontera con los Estados Unidos. Entre las muchas demandas que ha hecho el gobierno del vecino país hacia el gobierno mexicano, esta demanda sí parece un exceso. A final de cuentas, ha habido solamente entre 6 y 12 mil mexicanos detenidos en la frontera por mes desde que llegó la administración del presidente Donald Trump, y casi todos, si no todos, son regresados a México en horas. Es el número de llegadas irregulares más bajo en décadas, desde que se empezó a mantener las cifras.

Si bien el número de indocumentados en Estados Unidos creció sustancialmente durante la administración anterior del presidente Joe Biden, de unos 10.7 a 15.8 millones, según los cálculos de mis colegas en el Instituto de Políticas Migratorias, la población de migrantes mexicanos sin documentos creció sólo de 5.3 a 5.5 millones, un aumento de un poco más de 200 mil. De hecho, la población de migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos es cada vez mas una población de mucha historia y arraigo en el país vecino, a diferencia de muchas otras nacionalidades, como los centroamericanos y venezolanos, que incrementaron su presencia rápidamente en los últimos años.

Pero la demanda de detener a los ciudadanos mexicanos antes de llegar a la frontera no parece obedecer a una política binacional coherente de parte del gobierno estadounidense. Hay muchas razones para mantener el control de la frontera común entre los dos países, un tema que será vital en el futuro aún después de la gestión del presidente Trump. Pero esta demanda de control absoluto parece más bien la obsesión permanente de ciertos asesores en el círculo interior del presidente que quieren una política de cero tolerancia, no tanto una demanda estratégica de control real, que ya existe.

Esta nueva demanda viene a complicar una agenda que ya tiene muchos temas complicados en la mesa, entre ellos demandas en el plano de seguridad, agua y comercio, algunos de ellos de mucho más envergadura para el interés nacional del gobierno estadounidense. Pero quizás toda esta serie de demandas, algunas importantes, otras más triviales, refleja el conjunto de actores del gobierno de los Estados Unidos que están metidos en estas negociaciones, cada uno con sus prioridades y preferencias. Sin duda, algunas de las demandas, sobre todo en el plano de seguridad, parece tener mayor consenso entre asesores del presidente del Trump, mientras otras son prioridades y preferencias más particulares.

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