Durante años, la política latinoamericana se interpretó como un péndulo. Primero llegó la marea rosa; después, el giro conservador; y más tarde asistimos al retorno de gobiernos de izquierda en varios países de la región. Sin embargo, ya entonces advertíamos que aquel regreso no era una reedición de la vieja marea rosa. A diferencia del ciclo que dominó buena parte de la primera década del siglo XXI, estos nuevos gobiernos surgieron en contextos de mayor fragmentación política, con liderazgos menos articulados entre sí, economías más débiles y sociedades profundamente polarizadas.

Las elecciones de Perú y Colombia confirman que estamos entrando en una etapa distinta. La lectura más fácil sería hablar de un nuevo giro a la derecha. La más correcta es otra: el gran perdedor de este ciclo electoral no ha sido una ideología, sino el oficialismo.

La región parece haber ingresado en la era del voto de castigo. Los ciudadanos ya no conceden largos períodos de confianza a los gobiernos. Premian poco y castigan rápido. La paciencia democrática se ha reducido y los oficialismos llegan a las urnas cargando el peso del desgaste, independientemente de si gobiernan desde la izquierda o desde la derecha.

Colombia constituye un ejemplo ilustrativo. Interpretar la derrota del petrismo únicamente como un rechazo a la izquierda sería insuficiente. El gobierno de Gustavo Petro enfrentó dificultades para materializar parte de sus reformas, una creciente preocupación por la seguridad y una polarización constante. Ese desgaste abrió espacio para una alternativa que prometió orden, autoridad y respuestas más contundentes frente a la violencia. Sin embargo, la historia reciente de América Latina muestra que tampoco existen garantías de permanencia para quienes hoy celebran la victoria.

Perú refleja una dinámica similar. Tras años de inestabilidad institucional, sucesión de presidentes y crisis recurrentes, el eje de la discusión pública dejó de ser ideológico. La demanda ciudadana se concentró en problemas concretos: seguridad, empleo, crecimiento económico y capacidad de gestión. En un país donde la confianza en los partidos se encuentra entre las más bajas de la región, el voto terminó siendo menos una adhesión a un proyecto político que una sanción a quienes no lograron responder a esas demandas.

No es casualidad. Las preocupaciones de los latinoamericanos han cambiado. Hoy la seguridad y la economía dominan la agenda pública. Allí donde el crimen organizado, la violencia y la sensación de inseguridad se convierten en la principal preocupación, prosperan candidatos que ofrecen mano dura y restauración del orden. Allí donde el deterioro económico golpea los ingresos familiares, ganan terreno quienes prometen estabilidad, protección social o alivio inmediato para los sectores más vulnerables.

Por ello, más que una victoria ideológica de la derecha, lo que observamos es la ventaja coyuntural de quienes logran conectar con las dos grandes angustias de nuestro tiempo: la seguridad y el bolsillo. De ahí el atractivo de modelos asociados a Nayib Bukele en materia de seguridad y, al mismo tiempo, la fortaleza política que mantienen gobiernos como el de Claudia Sheinbaum gracias a la continuidad de políticas sociales que conservan respaldo ciudadano.

La conclusión resulta incómoda para quienes siguen interpretando América Latina únicamente en clave de izquierda y derecha. Las antiguas olas políticas podían extenderse durante una década. Hoy los ciclos son más breves, los electorados más volátiles y las lealtades partidarias más débiles. La alternancia dejó de ser una excepción para convertirse en la norma.

Por eso, si las elecciones de Perú y Colombia dejan una lección para la región, es que el verdadero vencedor todavía está por definirse. El único resultado claro hasta ahora es que, una vez más, el gran perdedor ha sido el oficialismo.

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