Divorcios involuntarios

Los padres no deberían “divorciarse” de sus hijos e hijas, pero sucede y es un fenómeno creciente en México, donde uno de cada tres hogares está jefaturado por una mujer, con la ausencia económica y emocional de la figura paterna en la mayoría de ellos.

Para frenar el abandono a la niñez y la adolescencia, que se refleja principalmente en el incumplimiento a la obligación de otorgarles una pensión alimenticia, a partir de mayo de este año, está vigente la reforma legal que obliga al gobierno a crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa), a fin de concentrar información sobre deudores y castigar el incumplimiento por más de 90 días, imposibilitándoles la obtención de documentos de identidad, como el pasaporte y licencia para conducir, así como la posibilidad de ocupar un cargo público de elección, designación o concurso.

En una estructura social machista, que asigna roles de género y limita posibilidades a los menores de edad y a sus madres, el reto es tener una base de datos nacional que se actualice mensualmente, para garantizar un derecho que en el papel, es imprescriptible e irrenunciable, pero que en la realidad se normaliza por parte de la sociedad y las mismas autoridades.

Implementar el Renoa en México, sería una carambola de dos bandas: para atender la urgente necesidad de velar por los derechos de las Mujeres, ante la carga económica, mental, de cuidado y social que pesa sobre las jefas de familia que asumen solas la responsabilidad del desarrollo de sus hijos, y velar por el interés superior de la niñez, a fin de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación.

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Para dar seguimiento a la instrumentación de esta reforma de profundo contenido social en un país como el nuestro, donde casi 8 de cada diez hijos de padres y madres separados, no reciben una pensión alimenticia, esta semana recibimos en San Lázaro a especialistas y activistas de la talla de Angélica de la Peña, Patricia Olamendi, Julieta Lujambio e Yndira Sandoval, que desde la sociedad civil impulsan acuerdos y supervisan avances.

Afortunadamente, el DIF nacional ya publicó el pasado 3 de agosto, los lineamientos correspondientes para el funcionamiento del Registro y toca ahora a los congresos locales armonizar sus normas en un plazo de 120 días hábiles.

En la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, contamos con una Red de Comisiones Legislativas de Niñez y Adolescencia de los Congresos Estatales, donde avanzamos ya, en la generación de tres modelos para el Renoa, a fin de que las y los legisladores locales retomen y perfeccionen el que mejor concuerde con su marco jurídico, ya que en algunas entidades tienen radicado el Registro en el Sistema DIF, otras en el Registro Civil y algunas más en otras instancias administrativas.

No hay pretexto, porque no es normal procrear hijos y dejarlos a su suerte. Ninguna separación o divorcio debiera implicar la omisión de las obligaciones legales y morales que se tienen con las niñas, niños y adolescentes.

Erradiquemos estereotipos de género que justifican la ausencia paterna y dotan de responsabilidades a las mujeres como las cuidadoras del hogar, de los niños, de los enfermos y de los adultos mayores. Asumamos sin regateos y de forma equitativa, lo que debiera ser una amorosa responsabilidad y que es la mejor inversión que podemos realizar para ser un mejor país.