Decía Manuel Garza González que no podía asegurarse la honestidad de quienes nunca han estado frente a la tentación del arca abierta. Quizás muchos de los funcionarios recién llegados no traen las uñas largas ni nexos con criminales, pero el hecho de encontrarse en posiciones de alto riesgo como los puertos y las aduanas, o en las que tienen el poder para decidir sin licitación contratos multimillonarios, los pone ante la incitación de corromperse. Diversos testimonios refieren que la vieja tradición del “moche” no solo persiste, sino que se ha acentuado, y los recién llegados no se conforman con el modesto 15 por ciento. Por otra parte, no faltarán quienes no tengan más pretexto para pervertirse que el estar hartos de ser pobres.

Las experiencias del enriquecimiento inexplicable de tantos exfuncionarios obligan a establecer, como norma, rigurosos exámenes de control de confianza para, al menos, los titulares de secretarías de Estado y empresas públicas, subsecretarías, oficialías mayores y direcciones de adquisiciones, que incluyan el seguimiento de su patrimonio y el de sus parientes.

Dicen que el gobernador de Tabasco (1959-1964), Carlos Alberto Madrazo, le prohibió a los miembros de su gabinete que jugaran a la lotería, no quería que un día le salieran con el cuento de que se habían hecho millonarios porque “le habían pegado al gordo”.

Desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) para que sea la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la que vigile el desempeño de los funcionarios públicos es una aplicación de la vieja sentencia bíblica: “tapaos los unos a los otros.”

El gobierno que acaba de concluir recurrió innumerables veces al argumento de la seguridad nacional para ocultar la información sensible sobre proyectos del tamaño de la refinería Olmeca o del Tren Maya, cuyos presupuestos iniciales se habían disparado.

¿Qué ocurrirá en el momento en que se revele el desbordamiento de la corrupción en las aduanas? Días antes de su asesinato, Julio Almanza, presidente de la Federación estatal de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, denunció que la corrupción se había agravado desde que los militares asumieron el control de las aduanas.

¿Se atreverá la secretaria Raquel Buenrostro a investigar las denuncias contra el célebre Amílcar Olán o los muchachos López Beltrán? La protección al señor de Palenque y a su trascendencia histórica puede ser el argumento definitivo e inapelable para ocultar los latrocinios.

Posdata: Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, el Congreso de la Unión aprobó dos reformas constitucionales de gran calado: una para aumentar el mandato presidencial de cuatro a seis años y la otra para permitir la reelección del titular del Poder Ejecutivo cuando no se diera en el periodo inmediato. El caudillo regresaba al poder, solo se interpuso el destino oculto en las balas de José de León Toral.

Hoy, haiga sido como haiga sido, Morena tiene los votos para enmendar la Constitución y repudiar el principio maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. ¿Parece descabellado el regreso del que nunca se fue?

Presidente de GCI.

@alfonsozarate

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