La decisión de la ministra presidente Norma Piña de ordenar el inicio de una investigación que involucra al ministro en retiro Arturo Zaldívar y a otros juzgadores y funcionarios del Poder Judicial, abre un escenario inquietante cuyo desenlace resulta incierto.
Fue el propio Presidente de la República quien durante una conferencia matutina confesó su indebida injerencia en el Poder Judicial y, a un tiempo, su modus operandi: en aquellos asuntos que le importaban acudía al ministro Zaldívar, quien, a su vez, hablaba con los jueces respectivos.
El ejecutor de esas maniobras, según la denuncia anónima, era Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura; era Alpízar quien con rudeza presionaba a jueces y magistrados. La denuncia incluye un catálogo de los horrores que se daban en el piso 14: acoso sexual, extorsiones y sobornos, amenazas de procesos administrativos y penales y como derivación: el enriquecimiento ilícito, Alpízar es, dice la denuncia, propietario de ranchos, casas y autos. A manera de agradecimiento, el Presidente de la República lo invitó a encabezar la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación, en la práctica, una subsecretaría.
Los arreglos entre Zaldívar y López Obrador se hicieron evidentes por el intento del Presidente de imponer su reelección mediante una tramposa “prórroga de su mandato” y después, con la renuncia anticipada de Zaldívar para permitirle al Presidente designar una ministra a modo al tiempo que corría a sumarse al equipo de la candidata oficial, lo que constituyó no solo una falta elemental de pulcritud, sino una transgresión a la ley.
La investigación se inscribe en un tiempo especialmente complejo, cuando se discute la iniciativa presidencial que pretende desnaturalizar al Poder Judicial y cuando está en curso la disputa por la Presidencia. Tocar a Zaldívar implica zarandear a la candidata Claudia Sheinbaum y, desde luego, al propio Presidente de la República.
Zaldívar ha dicho que esa investigación no respeta la presunción de inocencia ni la secrecía exigible, que la denuncia se inscribe en la lucha electoral y muestra la preocupación de la ministra Piña ante la posibilidad de perder privilegios con la reforma judicial que se avecina.
Sheinbaum habla de persecución política y Zaldívar anuncia una respuesta dura que incluye el intento de someter a Piña a juicio político. Aunque el gobierno se encuentra en el tramo final, aún dispone de poderosos instrumentos: la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia y la inteligencia militar, para intentar someter a sus adversarios.
Pero el pleito no es de la ministra Piña con Zaldívar, sino un choque de poderes: del titular del Ejecutivo contra el Poder Judicial; cuando se arman expedientes que puede derivar en procedimientos penales para la candidata presidencial y la presidenta de la Suprema Corte, estamos ante un intento de intimidación que empata a este gobierno y a su partido con las fuerzas dominantes de Venezuela, Nicaragua o Cuba.
