La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió, a mi juicio, de la mejor forma posible al ataque político de su homólogo, el presidente Donald Trump, quien afirmó que “los cárteles gobiernan México”. La primera mandataria de nuestro país contextualizó, respecto a la reunión de algunos líderes del continente para establecer un Escudo de las Américas, “no fuimos invitados (a la cumbre que se celebró en Miami, Florida) porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”.
En efecto, existen diversos instrumentos internacionales que establecen desde hace muchos años la colaboración internacional entre ambos países en materia de combate al narcotráfico. Por ejemplo, la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 tiene como finalidad combatir el abuso de drogas mediante una acción internacional coordinada que busca, por una parte, limitar la posesión, uso, intercambio, distribución, importación, exportación, fabricación y producción de medicamentos exclusivamente a fines médicos y científicos; y, por otra, disuadir y desalentar a los narcotraficantes.
En mi experiencia, como representante de nuestro país en la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, constaté no solo la vigencia de los diversos tratados internacionales relacionados con el combate a las organizaciones criminales, sino fundamentalmente la existencia de distintas autoridades que mantienen acciones conjuntas y coordinadas. El artículo 35 de la citada Convención establece que las Partes (en este caso Estados Unidos que ratificó ese tratado el 1° de noviembre de 1972 y México que lo hizo el 27 de abril de 1977), “teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucional, legal y administrativo: a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito; para ello podrán designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordinación; b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes; c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito”.
Al margen de las declaraciones políticas, el derecho internacional es claro y contundente: se debe respetar el régimen constitucional de nuestro país. La presidenta Sheinbaum debe insistir en la coordinación que hemos mantenido con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, siempre en el marco de los diversos tratados internacionales de los que formamos parte y cuyas normas forman parte de nuestro sistema jurídico. Las autoridades competentes de nuestro país deben intensificar esa colaboración para dar a la brevedad más resultados, no solo la detención de objetivos prioritarios de los distintos cárteles que operan en Mexico, sino fundamentalmente en el aseguramiento de las armas que se pretenden introducir de contrabando a nuestro país y el decomiso de las ganancias ilícitas que obtienen las organizaciones criminales.
La ayuda que México puede pedir a los Estados Unidos está prevista, como dijo la Presidenta, en los acuerdos que ya tenemos con ese país. Acuerdos que se rigen por el principio de reciprocidad, lo que significa que ellos también nos han solicitado, y lo hacen regularmente, ayuda en la lucha contra el narcotráfico.