La reforma constitucional que supuestamente dotó de autonomía a las Fiscalías fue un fracaso. En lugar de consolidar la procuración de justicia, el pleito por el control de esa dependencia ha convertido en fiscales “carnales” a sus titulares o en enemigos políticos de los Poderes Ejecutivos. Nada de eso ha beneficiado en forma alguna a la ciudadanía, por eso debería regresarse al anterior diseño en el que los Poderes Ejecutivos designan y remueven a los fiscales, lo que de facto sucede actualmente. Para muestra, la renuncia del fiscal Gertz Manero, quien no pudo concluir el periodo para el que fue designado o, mejor dicho, no lo dejaron, a pesar de su autonomía.
Pero lo importante no es quién asumirá próximamente ese cargo, ni cuáles los motivos políticos del proceso que se llevará en el Senado de la República en coordinación con la presidenta Sheinbaum. Esta es una oportunidad para construir una nueva Fiscalía, que no sólo requiere de la voluntad política de su titular; se trata de una institución que carece de recursos humanos y materiales desde hace muchos años y que así ha enfrentado al crimen organizado y la carga de miles de delitos federales denunciados que no han encontrado una resolución favorable a las víctimas. Para quienes hemos trabajado ahí es evidente que el cambio del titular no es la solución, pero sí una ventana de oportunidad para revisar el proceso de designación, promoción y remoción de los Ministerios Públicos, el sistema de garantías y protección de quienes arriesgan sus vidas investigando a los criminales y que encuentran sueldos y prestaciones cada vez más bajas.
A diferencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) que cuenta con una base de datos que permite tener control y seguimiento de todos los amparos del país, y al que por cierto tiene acceso cualquier persona, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado consolidar, más allá de JusticiaNet, un sistema integral de información de todas las carpetas de investigación que están en trámite y que, si bien debe por ley proteger datos personales, reservados y confidenciales, es factible compartir un acceso público del seguimiento de expedientes, como se hace en el SISE del PJF.
Conozco a fiscales y Ministerios Públicos profesionales con experiencia que deberían ser reconocidos o promovidos y que en estos cambios sólo encuentran despidos o ceses no justificados. El proceso de selección de personal calificado, además del aislamiento y baja de aquellos que lastiman a la institución con actos de corrupción son los retos más complicados que enfrentará la próxima titular. Se debe avanzar en limpiarla y reforzarla con jóvenes recién titulados, los mejores evaluados de las universidades del país y prepararlos para que sean la nueva generación de Ministerios Públicos especializados en juicios orales.
Debe hablarse de cómo mejorar la procuración de justicia y no limitarnos al procedimiento de designación. Estoy convencido de que se puede avanzar en esta materia, sin que esto signifique que actualmente la FGR no funcione o no haya tenido grandes resultados, porque los ha tenido a pesar de los obstáculos que enfrentan quienes integran esa institución. La clave, me parece, es sustituir el proceso burocrático de girar oficios para recabar datos de prueba, por procesos eficaces y rápidos de hacer constar los hechos con apariencia del delito con videoconferencias, videos o cualquier otro medio tecnológico que permita registrar u obtener la información los más pronto posible partiendo de la base de que las periciales, las testimoniales y los documentos deben presentarse hasta el juicio penal. Previo a ello, para judicializar un caso, sólo se requiere dar constancia de los hechos y de los elementos con los que el Ministerio Público cuenta para demostrarlos. Si se tiene un plan de tipicidad las diligencias pueden ser más rápidas; el trabajo es asegurar que testigos y peritos sostengan su dicho y comparezcan ante la autoridad judicial. Todo esto no se puede concretar sin el trabajo profesional de la policía, pero ese es otro tema.