En la Ciudad de México hemos vivido un asedio por parte de quienes se dicen representar a los trabajadores de la educación. A través de sus manifestaciones, han ocasionado diversos cortes de circulación, cierres de avenidas, daños materiales, además de afectar la vida de quienes laboramos en la capital del país y la economía de miles de comercios que están alrededor de los “plantones”. Pero al margen de los derechos constitucionales que protegen las manifestaciones pacíficas, en este caso es evidente que se trata del viejo método que siempre utiliza la CNTE para presionar al gobierno y obtener diversos beneficios, los cuales generalmente no coinciden con sus demandas sociales.
Afortunadamente, el gobierno federal no ha cedido a pesar de que amenazaron con boicotear la inauguración del Mundial de Futbol que se llevó a cabo el pasado 11 de junio. Sin ningún contratiempo y gracias al operativo policiaco que implementó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, en coordinación con otras autoridades, se logró neutralizar a los grupos de choque de la CNTE sin que aconteciera un solo evento que se calificara como violatorio de derechos humanos o que implicara la afectación a los ciudadanos nacionales y extranjeros que acudieron al partido de México vs. Sudáfrica. Al acceder y salir sin contratiempos del Estadio Ciudad de México, tanto en la inauguración del Mundial como en el reciente partido de la selección colombiana, siempre acompañados de la seguridad pública, quedó demostrado que se han implementado operativos exitosos.
Sin embargo, es lamentable que la presión que pretende ejercer la CNTE al gobierno federal sea en el marco del torneo deportivo más importante a nivel mundial. La justa mundialista representa una oportunidad para nuestro país no sólo en materia de turismo, que en sí mismo es fundamental para nuestra economía, sino en materia de inversiones internacionales con base en las experiencias y la imagen que se pueda construir de México como anfitrión del mundo.
No tenemos acceso a la información de las mesas de negociación cuando son a puerta cerrada, pero la CNTE camina en una línea delgada entre las demandas sociales y el delito de extorsión. El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que comete ese delito quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. Además, en el artículo 16, fracción VIII, se prevé una pena de prisión agravada cuando se utilice a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, sindicatos, asociaciones, cámaras empresariales, organizaciones civiles, ganaderas, del ramo de la construcción y demás instituciones u organismos, indebidamente, para coaccionar, amedrentar o presionar para realizar prácticas que no permitan el libre consumo de los bienes o servicios necesarios para su desarrollo.
El gobierno federal, hasta el momento, ha contenido a esta organización sindical y ha manejado la crisis de la mejor forma posible. Esperemos que los maestros que defienden causas legítimas actúen con altura y civismo durante el Mundial de Fútbol en beneficio, no de intereses particulares, sino del mayor beneficio social.
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