La base de la división territorial y de la organización política de las entidades federativas son los municipios. Sin embargo, una de las funciones constitucionales de los Presidentes o Presidentas Municipales, que ha fracasado durante décadas, es la prevista en la fracción III, inciso h) del artículo 115 constitucional: brindar a la sociedad seguridad pública con su policía preventiva municipal y de tránsito.
El reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, vuelve a retratar la incapacidad de ejercer esa función constitucional contra el crimen organizado. Con valentía y convicción, el pasado 8 de octubre en su cuenta de Facebook, Manzo publicó: “Hace unos días las fuerzas federales estuvieron trabajando muy bien en coordinación con otras fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y logrando resultados y aseguramientos muy buenos en el combate de los delitos federales, sin embargo, sin explicación alguna los elementos de la Guardia Nacional que venían a Uruapan fueron retirados. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender. Nosotros seguiremos luchando con nuestra policía municipal y con lo que esté al alcance de nuestras posibilidades para hacer frente a esta problemática de inseguridad y de violencia que se vive en el país”. Tres semanas después, en la plaza principal del municipio, un sicario lo ejecutó a pesar de su dispositivo de seguridad, cuando terminaba un evento por del Día de Muertos el 1 de noviembre alrededor de las 20 horas.
El 18 de junio de 2008 se reformó la fracción XXI del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada, pero ese delito ya era federal desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se publicó el 7 de noviembre de 1996. Esto significa, como afirmó el ahora finado Carlos Manzo, que corresponde a la Federación y no a los municipios el combate al crimen organizado. El problema es que en la práctica las organizaciones delictivas han cooptado, amenazado, sometido a la autoridad municipal y, recientemente, imponiendo candidatos en las elecciones municipales. Al ser el más débil de los órdenes de gobierno, por su poca capacidad operativa y policial, son blanco fácil. En lo que va del sexenio de la primera presidenta de México, se han asesinado a 10 presidentes municipales.
Es necesario replantear el federalismo en materia de seguridad pública. El artículo 21 constitucional esta blece que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”. Sin embargo, los municipios no han sido eficaces para cumplir esa función. Los grupos de la delincuencia organizada en distintas entidades federativas han superado su fuerza operativa, el número de elementos y poder armamentístico; si a eso le sumamos que los municipios no tienen facultades para perseguir los delitos, están a expensas de los resultados del Ministerio Público estatal y federal, así como de los jueces estatales y federales, etc. Es decir, de una coordinación entre distintas autoridades, cada una en el ámbito de su competencia, con resultados trágicos hasta ahora.
Esta semana el Congreso de Michoacán tomó protesta a la esposa de Carlos Manzo como Presidenta Municipal sustituta de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García. En su primer discurso después de asumir el cargo declaró: “Hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”. Espero que su grito se escuche y que llegue el auxilio.