En entrevista con este diario, la ministra Yasmín Esquivel declaró que la reforma judicial debe corregirse. Sus propuestas son de la mayor relevancia porque al formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella constituye un puente de comunicación entre la sociedad civil y el gobierno federal.
En efecto, coincidimos en que la segunda etapa de la elección judicial no sea en la misma jornada en la que se renovarán poderes ejecutivos, legislativos y municipales. Ya se vivió una tragedia en la primera experiencia cuando la ciudadanía no participó y quien lo hizo no tenía idea por quién votar y mucho menos la función de los juzgadores. Al no escuchar a las voces que han insistido en separar esos procesos electorales, parece que el objetivo es crear un colapso el día de la elección: 500 diputados federales, 17 gobernadores, 31 congresos locales, 2 mil alcaldías en 30 estados, elección local de jueces en 24 entidades federativas y 800 juzgadores federales.
El escenario es previsible: abstencionismo, confusión, acordeones y la prueba más objetiva de que los nuevos jueces estarán involucrados en un proceso político lleno de compromisos, acuerdos y lealtades que destruyen el principio de independencia judicial. Se debe separar la elección política de la judicial y postergar esta última al 2028, tomando en cuenta que los nuevos juzgadores electos están viviendo un proceso de capacitación. Mientras esto sucede, la experiencia de quienes ya se encontraban en esa función, ejerciéndola en algunos casos por más de 20 años, ha logrado estabilizar temporalmente la administración de justicia.
La ministra Esquivel propone la acreditación de un examen nacional para garantizar un estándar mínimo de conocimientos. Sin embargo, el error en la selección de varios candidatos que renunciaron una vez electos al ver lo complicado de la función judicial, o que han sido suspendidos o parte de escándalos en tan solo unos meses, más los que han sido exhibidos en audiencias por ignorar los temas que deben resolver, es absoluta responsabilidad de los comités de selección de los tres poderes del Estado. Apoyamos la propuesta de introducir criterios de evaluación uniformes y alejados de intereses políticos.
Paralelamente, varios juzgadores cesados de sus funciones por la reforma judicial presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, argumentando la afectación a la división de poderes, la violación a la independencia judicial y el debilitamiento de los mecanismos que garantizan la protección de los derechos humanos. Ese organismo internacional estableció un plazo de 4 meses para que México responda ante esas graves acusaciones. Por ello, una muestra de buena voluntad política, razonable y procedente dadas las condiciones del debate, es la postergación de la elección judicial. En este segundo proceso de selección debe evitarse la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la subordinación de los candidatos, al tiempo de privilegiar las capacidades técnicas de los seleccionados. Pero, como observa acertadamente la ministra, no existen las condiciones para garantizar el principio de la división de poderes.
Aunque parece que no son tiempos para la razón y el derecho, conviene recordar la opinión de Madison en El Federalista. “En una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra parte… [En una República Federal] toda autoridad procederá de la sociedad y dependerá de ella, ésta última estará dividida en tantas clases de ciudadanos que los derechos de los individuos o de la minoría no correrán grandes riesgos por causa de las combinaciones egoístas de la mayoría”. A los queridos lectores, hago una invitación a impulsar este mensaje para que no sea otro llamado a misa.