La doble traición de Morena

Hay una operación en curso en México que no requiere armas ni sicarios: se libra con teclados, formatos y clasificaciones administrativas. No mata, pero borra. No sicariatos, pero desaparece cifras. Es la operación de convertir un homicidio doloso —un asesinato con toda la intención— en un homicidio culposo, en un “hecho por determinar”, en cualquier categoría que no engrose la estadística que más le duele al gobierno de Morena: la de los asesinatos que su estrategia de seguridad no ha logrado frenar.

Cada mes, el discurso oficial repite el mismo estribillo: la violencia baja, los homicidios disminuyen, la estrategia funciona. Y cada mes, quienes revisan los expedientes, las actas del Ministerio Público y los registros estatales encuentran la misma incomodidad: los números no cuadran con los cuerpos. Familias que denuncian ejecuciones que terminan clasificadas como “accidentes”. Fosas que se abren y cadáveres que no aparecen en ningún reporte oficial de homicidios. Muertes violentas que, por arte de un formato burocrático, dejan de ser “dolosas” y se convierten en estadística menor, en nota a pie de página, en un expediente que nadie vuelve a mirar.

No es un error de captura. No es un problema de coordinación entre fiscalías. Es, para quienes lo denuncian, una decisión: si no se puede bajar la violencia real, se baja la violencia en el papel. Se maneja a los muertos como se maneja un presupuesto: con partidas, reclasificaciones y ajustes que, al final del trimestre, permiten presentar una gráfica descendente ante las cámaras.

Y aquí está la verdadera gravedad del asunto, la que debería doler más que cualquier cifra: si un gobierno es capaz de ocultar a sus muertos, ¿qué tan lejos está de tolerar a —o de convivir con— quienes los mataron? La franca complicidad del gobierno de Morena con estructuras del crimen organizado no es nueva, lo que sí es nuevo, y doblemente grave, es que a esa complicidad se sume el ocultamiento administrativo de las víctimas. Es una traición doble: primero se falla en proteger la vida; después se falla, deliberadamente, en reconocer la muerte.

Un pueblo que entierra a sus muertos merece, como mínimo, que el Estado los cuente. Que no los use como insumo de una narrativa de éxito. Que no convierta el dolor de una familia en una cifra que estorba y que, por lo tanto, hay que maquillar. Cuando el aparato de gobierno decide qué muerte “cuenta” y cuál no, no está haciendo estadística: está decidiendo, de facto, qué vidas importaron y cuáles pueden desaparecer dos veces —una a manos del crimen, otra a manos del escritorio.

La exigencia no sólo es que bajen los homicidios, sino primero que se cuenten todos. Que las fiscalías estatales y la federal homologuen criterios de clasificación bajo supervisión independiente. Mientras eso no ocurra, cualquier gráfica que muestre una “baja en fallecimientos” debe leerse con la sospecha que merece. No porque la violencia no pueda, en efecto, ceder en algún momento —eso sería deseable y hay que reconocerlo si sucede de verdad—, sino porque un gobierno que ha dado motivos para dudar de sus propios números no puede exigir que se le crea sin pruebas. La confianza, en materia de vidas humanas, no se otorga: se gana mostrando el expediente completo, no la cifra conveniente.

Presidente Nacional del PRI

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