La Quinta Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, celebrada el 27 de agosto en la sede nacional del partido, es la punta de lanza de la defensa que haremos del país. No se trató de repartir agenda ni de posar para la foto de arranque del curso legislativo. Fue, en los hechos, un mensaje dirigido a dos públicos distintos: hacia adentro, para cerrar filas antes de un año que se sabe difícil; y hacia afuera, para dejar claro que el tricolor no llega a este tercer año de la LXVI Legislatura a administrar, sino a disputar el terreno.

El momento no es menor. El próximo 1 de septiembre arranca el penúltimo periodo ordinario de esta Legislatura. Es también el tramo final antes de las elecciones intermedias de 2027, el momento en que se define buena parte de lo que se legisla, se presupuesta y se construye —o se erosiona— en materia de instituciones. Nadie en el Congreso lo ignora, y el PRI menos que nadie.

México y las familias mexicanas cuentan con el PRI para defender sus intereses. Por eso nos consolidamos como la opción real de oposición, con una agenda legislativa centrada en seguridad, economía, salud, educación, mujeres y juventud. No es una agenda de consignas: es la que responde a lo que la gente vive todos los días, desde el costo de la canasta básica hasta la inseguridad que golpea a comunidades enteras, pasando por un sistema de salud que sigue sin garantizar medicamentos ni atención oportuna.

En un sistema democrático sano, la existencia de una oposición dispuesta a señalar, a votar en contra cuando lo considera necesario y a plantar bandera pública no es un estorbo, es una condición de funcionamiento. Sin contrapesos reales, la democracia se reduce a un trámite: se legisla, pero no se delibera; se aprueba, pero no se discute. Esa es precisamente la lógica que el PRI se niega a normalizar.

Van a venir presiones, y hay que demostrar de qué estamos hechos. Ejercer la oposición en el Congreso actual tiene un costo político, y nuestras bancadas están dispuestas a asumirlo. No buscamos el aplauso fácil ni la controversia por la controversia misma: buscamos que cada voto, cada intervención en tribuna y cada iniciativa presentada quede registrada como parte de un ejercicio responsable de fiscalización, no como obstrucción gratuita.

Lo que está en juego en este periodo ordinario no es menor. Entre las iniciativas que se discutirán en los próximos meses hay reformas con capacidad real de modificar equilibrios institucionales: desde el diseño del Poder Judicial hasta la regulación de medios, pasando por temas de seguridad y justicia que tocan directamente el ejercicio de libertades básicas. También se definirá el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, un instrumento que revela, más que cualquier discurso, las prioridades reales de un gobierno. El PRI vigilará que ese presupuesto no sacrifique salud, educación y seguridad pública en aras de proyectos de corte político.

La postura del PRI no busca frenar la gobernabilidad por sí misma, sino fijar un límite: que ninguna reforma, por mayoritaria que sea su respaldo legislativo, se convierta en un atajo para concentrar poder sin contrapesos. Una mayoría numérica no sustituye la deliberación ni legitima por sí sola cualquier decisión; la fuerza de los votos en San Lázaro y en el Senado no puede ser el único criterio para transformar instituciones que tardaron décadas en construirse.

El PRI está listo para dar la pelea. La prueba real vendrá con cada votación, con cada posicionamiento en tribuna y con la capacidad de nuestros legisladores para traducir esta plenaria en resultados concretos para las familias mexicanas.

Presidente Nacional del PRI

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