¿Cuántas campañas ha pagado el huachicol fiscal?

Entre 2023 y 2024 la sociedad mexicana vio algo que no cuadraba: algunos precandidatos de Morena —las célebres “corcholatas”— llenando plazas, fletando autobuses y produciendo spots por todo el país, mientras sus informes oficiales de gastos hablaban de cifras casi domésticas, las cuales no pagaban ni de lejos la logística de los actos que todos presenciamos por televisión y redes sociales. Ese contraste es exactamente la pregunta que sigue haciéndose: ¿de dónde salió ese dinero? Y una hipótesis, cada vez más documentada por fiscalías, auditores y hasta gobiernos extranjeros, es que una parte relevante salió del huachicol fiscal.

Este tipo de robo a la Nación consiste en importar combustible —diésel, gasolina, aditivos— declarándolo ante la aduana como un producto distinto (lubricantes, aceites, mezclas no gravadas) para evadir el IEPS, el impuesto especial que en México puede representar hasta 40% del precio final del litro. No hace falta perforar nada; basta con que un funcionario de aduanas, de la Marina o del SAT “no vea” el contenido real de un buque tanque.

El esquema nació con López Obrador, cuyo gobierno entregó a la Secretaría de Marina el control operativo de los puertos y aduanas del país, como parte de la estrategia de “combatir la corrupción” quitándole esa función a civiles. Para 2022, la Marina controlaba la totalidad de las aduanas marítimas.

La Auditoría Superior de la Federación documentó que entre 2019 y 2024 el huachicol fiscal costó al erario 554 mil 750 millones de pesos en IEPS no cobrado. El SAT, por su parte, estimó que solo en 2024 la pérdida fiscal rondó 200 mil millones de pesos, una cantidad comparable al presupuesto federal completo de seguridad pública de ese año. Y reportes de finales de 2025 ya hablaban de un daño acumulado de 600 mil millones de pesos.

Lo que ya no es hipótesis, sino expedientes con nombre y apellido, es la red que operó dentro de la propia Secretaría de Marina. En septiembre de 2025, la autoridad detuvo al exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como cabeza de la trama, junto con otros mandos. Su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, huyó del país con documentación falsa en diciembre de 2025 y fue detenido en Buenos Aires en abril de 2026 gracias a inteligencia compartida por Estados Unidos, y finalmente extraditado a México en agosto de este año. Y el nombre más incómodo de todos: José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante todo el sexenio de López Obrador, fue reportado por la propia fiscalía como “no localizable”. Que un exsecretario de Estado —no un mando medio, no un funcionario aduanal cualquiera— aparezca ilocalizable en un expediente de contrabando fiscal de esta magnitud es, por sí solo, la prueba más contundente de que hablamos de alta jerarquía, no de corrupción de ventanilla.

Mientras la FGR no cierre una investigación con nombres, montos y sentencias, la pregunta del título seguirá sin respuesta numérica exacta. Pero la pregunta en sí ya no es especulación: le abrieron una auditoría oficial, una fiscalía que detuvo a sus propios almirantes, un exsecretario de Marina ilocalizable y un gobierno extranjero que puso el tema sobre la mesa. Cerrarla con seriedad —y no con la simple exigencia cruzada de “prueben ustedes primero”— debería ser, de cara a las elecciones de 2027, una prioridad de Estado y no solo un episodio más de la guerra de declaraciones.

Presidente Nacional del PRI

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