La Ciudad de México ha recorrido un arduo camino para constituirse en una ciudad de derechos y libertades. Tuvo que transitar desde un régimen marcado por la represión y el autoritarismo, para constituirse en un territorio que promueve y defiende los valores de la democracia.
Durante décadas, la ciudad fue gobernada bajo el capricho presidencial. La capital fue un escenario marcado por la violencia institucional y el uso de la fuerza en función de la razón de Estado para detener todo descontento.
Son muchos los ejemplos de ello. Basta recordar cómo en 1948 y 1952, ferrocarrileros y tranviarios fueron reprimidos por exigir derechos laborales. En los años 60, el Movimiento Médico fue desalojado por la fuerza de los propios hospitales. El movimiento estudiantil de 1968: la toma militar de Ciudad Universitaria, la represión en el Casco de Santo Tomás, el bazucazo en la Prepa No. 1, las masacres del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y del 10 de junio de 1971, son un crudo testimonio de cómo el Estado utilizó a las fuerzas de seguridad en contra de ciudadanos.
En los años setenta, el Estado instauró, además, cuerpos ilegales como la Brigada Blanca para perseguir, detener, torturar y desaparecer opositores. Durante la Guerra Sucia, en el país operó una red clandestina de terror con detenciones ilegales en el Campo Militar No. 1, en la Dirección Federal de Seguridad, en los sótanos de Tlaxcoaque y otros centros clandestinos.
En los ochenta, la persecución se concentró contra los sindicatos independientes, el movimiento campesino y las organizaciones del movimiento urbano popular, como la huelga del SME en 1983, la represión policial en contra de damnificados del sismo de 1985, las agresiones contra el STUNAM (1987) y contra organizaciones de vivienda en 1989 que fueron disueltas con desalojos y detenciones.
En 2012, las protestas contra el regreso del PRI, derivaron en detenciones arbitrarias, mientras que en 2013 el primer cuadro de la ciudad se convirtió en una zona de riesgo por el desalojo que llevó a cabo el Gobierno Federal contra el plantón de la CNTE, con un uso desproporcionado de la fuerza, la utilización de gases lacrimógenos, grupos antimotines de la Policía Federal y helicópteros para infundir miedo, donde decenas de profesores y estudiantes fueron detenidos o heridos.
Pese a todo y resultado de una intensa lucha política, esta ciudad es hoy una ciudad de derechos. Desde la transición democrática de 1997, las calles dejaron de ser un espacio de control para convertirse en un espacio de exigencia. La CDMX ha sido el epicentro de las principales protestas por libertades y justicia del país.
Aquí se celebraron las movilizaciones por el voto libre y la transparencia electoral; el movimiento feminista desplegó grandes concentraciones que lograron la despenalización del aborto en 2007; el movimiento LGBTIQ+ impulsó, desde las Marchas del Orgullo, el reconocimiento del matrimonio igualitario en 2009. La huelga del CGH-UNAM (1999–2000) convirtió a la capital en el eje de la defensa de la educación pública. En 2001, la capital recibió la Marcha del Color de la Tierra, cuando el EZLN y representantes indígenas recorrieron el país y llenaron el Zócalo para exigir el reconocimiento de los derechos y la autonomía de los pueblos originarios.
Entre 2004 y 2006, el país presenció las mayores protestas del periodo: cientos de miles de personas colmaron el Paseo de la Reforma y el Zócalo en defensa de los derechos políticos contra el desafuero del Jefe de Gobierno, colocando a la CDMX en el centro de la discusión nacional contra la persecución política y la injerencia del Ejecutivo Federal en las elecciones, se defendió el voto ciudadano y se resistió a los fraudes.
Esta ciudad recibió a las víctimas de la guerra de Felipe Calderón; en 2012 el movimiento #YoSoy132 cuestionó la injerencia de los medios de comunicación en la elección presidencial. Aquí también se exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Nada de esto ocurrió por inercia, ocurrió porque en la ciudad coexiste una ciudadanía consciente con instituciones democráticas propias. Por ello, defender el derecho a la protesta no es defender la provocación ni la violencia. Es defender el derecho de las personas para hacerse escuchar. A diferencia del pasado, hoy los riesgos provienen de quienes pretenden utilizar grupos de choque y porriles, remanentes de los periodos oscuros, al infiltrar manifestaciones legítimas.
Integrante del Consejo Consultivo de Morena