Esta semana, al cumplirse nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, presentaremos el 2º Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
El objetivo central de la Comisión es saber qué pasó, conocer el paradero de los estudiantes y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. La CoVAJ es una comisión instituida para resolver un hecho particular y, a diferencia de otros esfuerzos nacionales como la Comisión de la Verdad de Guerrero e incluso la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ha logrado avances significativos.
La CoVAJ constituyó un comité científico asesor para contar con un equipo multidisciplinario capaz de brindar enfoques diferenciados, analizar grandes volúmenes de información, generar nuevas líneas de investigación y proponer sitios de búsqueda de los estudiantes.
Asimismo, estableció mecanismos de seguimiento y asistencia técnica internacional: el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) participó en las investigaciones de la CoVAJ y fungió como coadyuvante de la fiscalía a través de la UEILCA. Se contó además con el seguimiento y colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La CoVAJ ha accedido a diversas fuentes de información que incluyen archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, del Centro Nacional de Inteligencia y de otras instituciones de seguridad del Estado.
Ha avanzado en romper el pacto de silencio y de complicidades que prevaleció desde 2014 y ha aportado testigos y elementos que han permitido coordinarse con la Fiscalía Especial de la FGR a favor de la judicialización de los perpetradores y autoridades cómplices de éstos, esclareciendo su nivel de responsabilidad en los hechos.
Al igual que la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas de Argentina, creada en 1983, cuya labor sentó las bases para que la autoridad judicial llevara a juicio civil en 1985 a cinco altos mandos de las juntas militares de la dictadura, la CoVAJ ha contribuido a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades para llevar a juicio al exprocurador general de la República, así como a 14 elementos del Ejército, entre quienes destacan los excomandantes del 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, entre otras autoridades coludidas con los perpetradores de la desaparición de los estudiantes.
A diferencia de otros países, el actual gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y ha señalado a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la “verdad histórica”.
La Comisión continúa realizado la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes. La Comisión se constituyó como un instrumento del Estado para conocer la verdad y garantizar el acceso a la justicia y continuará avanzando para generar las condiciones para el esclarecimiento de los hechos, garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a la no repetición de estas violaciones a derechos.
Un componente central en la composición de esta Comisión ha sido la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos a quienes reconocemos su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos.
