Se cumplen once años de la trágica noche de Iguala, cuando, el 26 de septiembre de 2014, fueron desaparecidos 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en una operación en la que se articularon el grupo delictivo Guerreros Unidos, autoridades de diferentes órdenes de gobierno y elementos de distintos cuerpos de seguridad.
Desde el inicio, la versión oficial en lo que se denominó la “verdad histórica”, fue severamente cuestionada, al demostrarse que ésta se había construido sobre bases falsas, pruebas fabricadas, confesiones obtenidas bajo tortura, detenciones arbitrarias, manipulación de las escenas del crimen, exclusión de peritajes independientes y ocultamiento de la participación de las fuerzas de seguridad, a fin de dar carpetazo al caso y encubrir las responsabilidades institucionales.
Entre 2019 y 2023, la investigación que desarrolló la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa desmontó la verdad histórica, acreditando que la cremación en el basurero de Cocula no existió, revelando las prácticas de tortura sistemática, documentando el monitoreo institucional previo y durante los hechos, así como identificar a las células delictivas que operaron esos días en colusión con diferentes corporaciones de seguridad e identificando a 434 personas relacionadas con el caso.
Como parte de las investigaciones, se estableció como posibles móviles de la desaparición: la confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos” entre los estudiantes; la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por el alcalde de Iguala y el grupo delictivo, tras las protestas por la desaparición y asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona y otras personas, y el eventual trasiego de droga en alguno de los autobuses tomados.
Durante ese proceso, se promovieron procedimientos judiciales contra líderes del crimen organizado, elementos castrenses y exfuncionarios de alto perfil responsables de las irregularidades, como el exprocurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Pese a las dificultades propias del paso del tiempo, la acción deliberada para borrar todo rastro de los estudiantes y sus perpetradores, y las resistencias institucionales al escrutinio, se encontró e identificó científicamente a tres de los estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum ha revitalizado la investigación y la relación con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En su reunión de diciembre de 2024, propuso evitar la polarización, revisar expedientes con apoyo tecnológico y fortalecer a la COVAJ, estableciendo cinco ejes de acción: búsqueda en campo, identificación humana, procuración de justicia, garantizar las extradiciones, y continuar con la ruptura de pactos criminales. En resumen, planteó profundizar el proceso que se inició en 2018, asumiendo un compromiso con las familias de no cejar en la búsqueda de los normalistas.
De septiembre de 2024 a la fecha, los procesos judiciales y avances en la investigación del caso Ayotzinapa mostraron una intensa, aunque ambigua, actividad. Por un lado, se ha aprehendido a distintos actores criminales y reaprehendido incluso a testigos colaboradores y, por otro lado, militares y exfuncionarios implicados han obtenido beneficios procesales.
En septiembre de 2024, se reaprehendió a dos testigos colaboradores: Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y se reactivaron juicios a implicados que habían sido liberados años antes al acreditarse que fueron sometidos a tortura.
El 22 de noviembre de 2024, se detuvo a un personaje clave, Alejandro Palacios, “El Cholo”, vinculado a la emboscada contra el equipo Avispones y a otras desapariciones en Iguala, a quien se le dictó auto de formal prisión con base en testimonios y evidencias compartidas por la DEA. Ese mismo mes, se ratificó la prisión domiciliaria del exprocurador, Jesús Murillo Karam.
En diciembre de 2024, jueces negaron la libertad condicional a los militares José Martínez Crespo y Fabián Pirita Ochoa, al tiempo que al soldado Eduardo Mota Esquivel, testigo directo de los hechos, le otorgaron libertad provisional tras el pago de una fianza de 100 mil pesos. A la fecha, cuatro elementos castrenses se encuentran detenidos, en tanto que ocho han obtenido libertad condicional o prisión domiciliaria.
En mayo de 2025 fue detenida la expresidenta del Tribunal Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana, vinculada a proceso presuntamente por ordenar la destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala, evidencias fundamentales para la investigación del camión detenido en el bajo puente frente a ese inmueble.
El 4 de junio de 2025, fue detenido en el estado de Hidalgo, Juan Miguel Pantoja Miranda, “El Pajarraco”; y el 28 de junio de 2025, fue deportado desde Estados Unidos, Edgar Salvador Albarrán, “La Rana”, ambos personajes involucrados en la desaparición, lo que reactivó líneas de investigación que no se han agotado.
Por otro lado, el 28 de abril de este año, un tribunal redujo la pena aplicable a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular antisecuestro (SEIDO) de la PGR, de 40 años, a un rango hasta por cuatro años, y ordenó analizar la prescripción del delito. El 7 de mayo, otro tribunal amparó a Ramírez Gutiérrez y ordenó revisar la vinculación y si el delito de desaparición forzada en el caso de “El Cepillo” había prescrito.
El 3 de junio, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito absolvió a José Luis Abarca por el delito de secuestro en el caso Ayotzinapa, aunque sigue condenado por otros ilícitos. Hace dos días, el 24 de septiembre, un Tribunal Federal le otorgó una suspensión que impide que se ejecute la condena de 92 años de prisión en su contra por el secuestro y homicidio de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos, Arturo Hernández Cardona.
El 29 de junio, el Tribunal Colegiado de Apelación en Morelos determinó que tres de los implicados en el caso fueran liberados por el vencimiento del plazo de dos años de prisión preventiva sin recibir sentencia. Mauro N., “El Molero”, Fernando N., “El Fercho”, y Bernabé N., “El Peluco”, señalados por el asesinato del normalista Julio César Mondragón, llevarán su proceso fuera de la cárcel.
Ha sido un año complejo en la actuación judicial, pues mientras se avanza en la detención y consignación de perpetradores, los funcionarios de alto rango indiciados se han beneficiado de resoluciones judiciales favorables, propias de una impunidad selectiva. La liberación de implicados con argucias leguleyas; la invalidación de declaraciones obtenidas bajo tortura, sin ofrecer alternativas para sostener la acusación, y el priorizar formalismos legales por encima del derecho de las víctimas para acceder a la justicia, mantienen un proceso fragmentado y sin condenas firmes a más de una década.
El 15 de junio, la violencia para silenciar a testigos alcanzó a Patricio Reyes Landa, “El Pato”, testigo colaborador, y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, quien fue asesinado en su domicilio en Jilotepec, Estado de México. Al día siguiente, el juez tercero de distrito en materia de amparo, Everardo Maya Arias, fue encontrado muerto dentro de su vehículo en Zinacantepec. Maya Arias había otorgado un amparo en favor de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, así como una suspensión en favor de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Otros movimientos relevantes han incidido en la investigación, entre ellos, el cambio del Fiscal Especial del caso Rosendo Gómez Piedra, quien dejó el cargo sin que se esclareciera la denuncia que presentó sobre la presunta extracción y filtración de información dentro de esa fiscalía. Lo sustituye Mauricio Pazarán, quien ofreció abrir nuevas líneas de investigación con el respaldo de nuevas tecnologías; transparentando su desempeño, incluso abriendo la posibilidad de solicitar el apoyo de la ONU para incorporar expertos internacionales, así como garantizar la extradición de personas implicadas en Estados Unidos e Israel, a fin de recuperar la confianza de los padres y madres, y eliminar la tentación de dividirlos.
El nuevo fiscal cuenta con experiencia en labores de investigación e inteligencia. Su cercanía con la autoridad federal puede contribuir a abrir nuevas líneas de trabajo y fuentes de información. Sin embargo, deberá enfrentar las inercias y resistencias institucionales y la necesidad de presentar resultados para evitar la percepción de que la justicia sigue siendo una promesa incumplida.
En este nuevo escenario, el Poder Judicial tiene en sus manos la posibilidad de romper con la impunidad estructural que ha marcado el caso durante once años, retomando el compromiso que asumió el 28 de marzo de 2019, el entonces presidente de SCJN, Arturo Zaldívar, con los padres y madres de los 43 y la Covaj, para establecer un jurisdicción homologada, es decir, un conjunto de juzgados que conozcan de manera exclusiva los recursos y expedientes judiciales relacionados con el caso, para agilizar las procesos y evitar la discrecionalidad con que se adoptan las resoluciones por los jueces.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con fuerza y legitimidad para garantizar justicia, priorizando los derechos de las víctimas y sus familias, lo que sentaría un importante precedente no solo para el caso de los 43 normalistas, sino también, para demostrar que en México la justicia puede imponerse sobre el encubrimiento y la mentira, y que ningún crimen está destinado al olvido.
Durante el último año se vivieron pérdidas dolorosas como el fallecimiento de Jonathan Maldonado, sobreviviente del ataque de 2014, así como de Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo.
Once años después, la investigación recae fundamentalmente en la fiscalía especializada, en la colaboración estrecha con el Centro Nacional de Inteligencia y en las nuevas acciones que emprenda la SCJN para la impartición de justicia, conocer el paradero de los estudiantes y el castigo a quienes participaron, por acción u omisión, en la desaparición. Pese a los obstáculos que prevalecen, confío en que la verdad, por dolorosa que sea, continuará saliendo a la luz.
Secretario de Metrópolis de la CDMX
