Tras presentar el 2º Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se ha desatado nuevamente una campaña de descalificaciones, amenazas (veladas y abiertas) y acoso judicial, de quienes han visto afectados los intereses que les habían permitido actuar impunemente, sin referirse al contenido del informe. Ello ha llegado a tal absurdo, que autoridades judiciales han otorgado amparos para impedir que, como Presidente de la Comisión para la Verdad, haga referencia a la presunta culpabilidad de algunos militares detenidos, así como a los actos de tortura cometidos por otras autoridades.
Esta embestida no nos ha distraído de nuestro cometido ni ha impedido que señalemos la verdad: la desaparición de los estudiantes normalistas constituyó un crimen de Estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y autoridades federales y locales.
En el Informe explicamos con claridad qué, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrieron los hechos. Demostrado el contubernio que existía entre “Guerreros Unidos” y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, la policía estatal, la policía ministerial estatal, la Policía Federal, así como con elementos del Ejército mexicano.
Acreditamos que, en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida de la Escuela Normal hasta su desaparición, y cómo sus acciones y omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Dimos cuenta de que la “verdad histórica” fue una construcción desde el gobierno federal para “legitimar socialmente la verdad de los hechos”, y cómo ésta fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones, sobre la base de que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Por el contrario, demostramos que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF y que no existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Probamos cómo el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y, al menos, tres células, con el apoyo de elementos de diferentes agencias del Estado. Identificando a 434 personas que intervinieron estos hechos y en la construcción de la verdad histórica.
Hemos señalado tres posibles causas que, sin ser excluyentes, motivaron la desaparición de los estudiantes: confusión en “Guerreros Unidos” respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos” entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de Iguala; la intención de dar un escarmiento a los estudiantes tras las amenazas del alcalde José Luis Abarca y “Guerreros Unidos”, por las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera y, por último, la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
Dimos cuenta de las 139 acciones de búsqueda realizadas, sumando cerca de mil 50 jornadas de trabajo, lo que ha permitido el hallazgo de 32 cuerpos y un sinnúmero de restos óseos, así como la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Informamos que hay 132 personas detenidas por su participación en los hechos y la construcción de la “verdad histórica”; más de la mitad son funcionarios públicos. Destacan el exprocurador General de la República y el exdirector Antisecuestro de la PGR y 14 elementos del Ejército, entre estos dos generales excomandantes del 27 y del 41 batallón de Infantería. Quedan pendientes por ejecutarse 51 órdenes de aprehensión y tres extradiciones de actores claves para la investigación.
La CoVAJ continuará realizado la más exhaustiva investigación y búsqueda de los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos. La Comisión se constituyó como un instrumento del Estado para conocer la verdad, garantizar el acceso a la justicia y generar las condiciones para el esclarecimiento de los hechos y la no repetición de este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, reconociendo, siempre, la lucha digna de los padres y madres de los estudiantes.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
