Al cumplirse doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la pregunta sobre su paradero sigue vigente. Durante este año se han registrado movimientos en la investigación, detenciones, decisiones judiciales y la reformulación de algunas líneas de investigación.
Durante el último año se ha establecido un diálogo franco de la presidenta Claudia Sheinbaum con los padres y madres de los estudiantes desparecidos, quienes han concentrado sus exigencias en seis temas: la entrega de documentación pendiente de parte de la Sedena; la investigación sobre los jóvenes que habrían sido trasladados de la comandancia municipal de Iguala a Loma de Coyotes; el análisis de los teléfonos de los estudiantes que registraron actividad después de su desaparición; el regreso del GIEI; la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, y la investigación a autoridades del gobierno de Guerrero, en particular del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Este año trajo cambios institucionales relevantes. En enero de 2026, el fiscal general Alejandro Gertz Manero fue designado embajador de México en el Reino Unido, en su lugar asumió Ernestina Godoy, quien asumió el compromiso de continuar con las investigaciones, lo que se ha traducido en nuevas detenciones.
A finales de noviembre, el gobierno federal informó que se habían ejecutado nuevas detenciones, entre otras, las de Alejandro Mejía Meza, “El Granito de Oro”, exmando de la Policía Municipal de Iguala; y de Juan Alberto Carbajal Montes, expolicía municipal de Huitzuco, quien fue deportado de los Estados Unidos.
El 28 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía estaba realizando el análisis de las comunicaciones registradas la noche del 26 al 27 de septiembre, lo que condujo, en marzo de 2026 a la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito de Iguala y policía estatal en 2014, quien habría utilizado el teléfono de uno de los normalistas el 27 de septiembre de 2014.
En octubre de 2025, la FGR aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, dentro de una indagatoria sobre el posible uso de hornos crematorios. Días después fue detenido Rodolfo Rueda Mazón, propietario de las funerarias aseguradas y concesionario del Semefo municipal. El 27 de marzo, se dio a conocer el hallazgo en esas instalaciones de una bolsa con restos humanos con una etiqueta que marcaba el año 2014, lo que despertó dudas en los familiares de los estudiantes sobre el hallazgo en un lugar que había sido revisado en varias ocasiones por distintas autoridades y una comisión de familiares y organizaciones acompañantes.
Más adelante se dio a conocer la existencia de otros restos, a los que se sumaron las petrosas localizadas en 2014 en el basurero de Cocula, las cuales habrían sido valoradas por el EAAF desde entonces. Las familias cuestionaron que estas informaciones se difundieran antes de contar con resultados periciales concluyentes. por lo que demandaron que el análisis de estos restos fuera validado por el EAAF y expertos independientes.
Otro aspecto relevante es la investigación sobre los videos del Palacio de Justicia de Iguala y su posible ocultamiento o destrucción. La investigación condujo a la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, quien ha brindado testimonios sobre una posible cadena de decisiones dentro del gobierno estatal, a lo que se sumó un nuevo testimonio sobre la destrucción de esas grabaciones que involucran al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha sido vinculado a proceso por el presunto ocultamiento de esa evidencia, lo que desde la perspectiva de los padres, se trata de una buena señal.
En materia judicial, el 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa resolvió el amparo 1350/2023 y ordenó entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “CRFI” y otras instancias militares. La resolución estimó una cifra aproximada de 853 folios. Esta resolución convierte una demanda sostenida durante años por las familias en una obligación respaldada judicialmente.
Un tribunal federal negó el amparo al capitán José Martínez Crespo, detenido desde 2020, al determinar que la desaparición forzada constituye un delito de naturaleza permanente, por lo que no resulta aplicable el principio de irretroactividad que argumentaba su defensa. Mientras otro tribunal colegiado negó la libertad condicional al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quien permanece recluido en el Campo Militar 1. Por su parte, Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, continuó bajo proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada. En julio, un juez retiró la prisión preventiva justificada en una de las causas que enfrenta y la sustituyó por resguardo domiciliario con brazalete electrónico.
En julio la CNDH emitió una controvertida recomendación, que, como dije en su momento, representa un nuevo tropiezo, un viraje regresivo que pretendió descalificar los avances alcanzados, revictimiza a las familias y exonera al ejército y otras autoridades a las que se ha acreditado su participación en los acontecimientos y continúan bajo procesos judiciales por delitos relacionados con la desaparición.
La presidenta ha anunciado que en los próximos días se presentará un informe sobre el avance en nuevas líneas de investigación. Por el momento, las identificaciones genéticas siguen limitadas a tres normalistas; no se han resuelto los reclamos sobre la información en poder de la Sedena ni se han concretado las extradiciones solicitadas. Es necesario mantener altos estándares en la investigación y la comunicación permanente con los padres y madres de los estudiantes. Ninguna hipótesis debe agotarse antes de superar el escrutinio científico, ministerial y judicial.
El reto sigue siendo conocer el paradero de los 43 estudiantes. Mientras tanto Ayotzinapa seguirá siendo una deuda pendiente con la verdad y la justicia.
Expresidente de la Covaj
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