La Constitución de la Ciudad de México cumplió ocho años de su promulgación. Debieron transcurrir 193 años para lograr el reconocimiento de la Ciudad como una entidad integrante de la Federación, cuando en el primer congreso del México independiente, le fue negado bajo el argumento de la inconveniencia de que dos órdenes de gobierno distintos coexistieran en el mismo territorio.
La Constitución de la Ciudad de México es una carta de derechos, que integró el derecho de la Ciudad, asumiendo que la ciudad es de sus habitantes, quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute, estableciendo mecanismos para su exigibilidad,
Amplio los derechos sociales y civiles, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a una muerte digna. Estableció los deberes de los ciudadanos, incluido el de la protección de los animales como seres sintientes y propuso nuevas modalidades en la planeación de la Ciudad, asumiendo al territorio como el eje articulador de las políticas públicas.
Terminó con el último vestigio del Distrito Federal: las delegaciones políticas, creando las alcaldías y sus consejos, así como nuevas formas de democracia participativa y de gestión metropolitana.
La ciudad se concibe como el espacio donde las personas desarrollan su identidad y su ser colectivo, buscando empoderar a los ciudadanos en los asuntos públicos, donde el interés público debe prevalecer sobre el interés de unos cuantos. Donde la propiedad debe de cumplir una función social, que permita el disfrute de la ciudad y la satisfacción de las necesidades para garantizar el bienestar social.
La función pública debe de apegarse al ejercicio ético, austero, transparente y a la rendición de cuentas, dónde sean sancionados todos los actos de corrupción y las prácticas clientelares o corporativas en la prestación o gestión de servicios públicos y programas sociales. Una ciudad donde ninguna autoridad goza de fuero o privilegio alguno, garantizando el acceso a la justicia, a la protección judicial, así como, al derecho a la memoria y a la verdad.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: fue el primer órgano legislativo paritario, 51 hombres y 49 mujeres; estableció el parlamento abierto que permitió la presentación y dictamen de 958 iniciativas ciudadanas. Desarrolló la primera consulta en el mundo a los Pueblos Originarios, donde se llevaron a cabo 940 asambleas. Estableció nuevas prácticas parlamentarias que permitieron un debate serio y real, al haber trasladado la toma de decisiones a la Asamblea y a las Comisiones de Dictamen, lo cual liberó la discusión, rompió la disciplina partidaria tradicional y permitió entendimientos transversales que permitieron construir las mayorías calificadas para aprobar el texto constitucional.
Nuestra Constitución ha sido reconocida a nivel internacional como un documento de avanzada, un texto que rompe con la visión tradicional del constitucionalismo y con el ciclo de reformas neoliberales que predominó durante décadas; poniendo en su centro el respeto a la dignidad humana y los derechos de las personas.
La Constitución capitalina pasó de una visión del Estado de Derecho fundado en el principio de autoridad, a un Estado de Derechos, donde el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos y donde cada persona goza del derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de su personalidad sin injerencia alguna del Estado ni de ningún otro poder.
Con ello, se pretende acabar con el Estado tutelar y paternalista que ha conducido al clientelismo y a la corrupción de la política; replanteando nuevas formas de ejercicio del poder público a partir de una visión democrática, para entender a una sociedad cada día más compleja.
