Desde el domingo 30 de marzo del 2025, 3,422 candidatos/as que aspiran a ser electos/as el próximo 1 de junio para ocupar una posición como Ministro/a, Juez/a o Magistrado/a de circuito, así como los/las que quieren pertenecer al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y sus salas regionales, han iniciado sus campañas proselitistas, lanzando promesas y mensajes a través de videos inéditos, boletines o recorridos en plazas públicas y calles de México.
Lo que está en juego no es cosa menor, es un proceso electoral de la mayor importancia, ya que elegiremos a las personas que ejercerán y administrarán la justicia en nuestro país en los próximos años, y por ello, como sociedad, debemos interesarnos más sobre el tema, analizar la propuesta concreta de los/las candidatos/as y exigirles responsabilidad y respeto en sus propuestas.
En la mayoría de los mensajes, que hasta hoy se han difundido, los/las candidatos/as prometen, con notorios gestos que vislumbran su gran desconocimiento, una justicia accesible para los más pobres y expedita, sacar a inocentes de las prisiones, imparcialidad, fortalecer la democracia, austeridad, combate a la violencia de género y eficiencia judicial. Se utilizan frases gastadas, que intentan ser slogans de mercadotecnia política impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como “autoridad cercana al pueblo” y “primero los pobres” con la finalidad de tener mayor nivel de aceptación por su simple uso.
La mayoría, arrancó su campaña de 60 días en redes sociales, ya que las restricciones y limitantes oficiales impiden el uso adecuado de otros medios. Desde la nula óptica fundamental a los principios de la mercadotecnia política, además del desconocimiento básico del método narrativo y la falta de interés por elaborar un contenido serio, se suma la ambigüedad y múltiples restricciones de las bases publicadas con los lineamientos para la promoción de los candidatos. Situaciones que no sólo han generado falta de claridad, seriedad y calidad en los mensajes, sino que por un lado fomentan la desinformación y la confusión y, por el otro, limitan la información a grandes sectores de la sociedad que no cuentan con acceso a redes sociales, generando aún mayor desinterés en el proceso y falta de elementos y datos para la adecuada toma de decisiones. En pocas palabras, estamos en la antesala del túnel del tiempo que nos retrocederá varias décadas en la historia electoral de nuestro país, para presenciar cómo, a través de estrategias electorales con oscuros fundamentos, sea la ignorancia la que levante la mano de candidatos/as, pertenecientes a grupos con intereses específicos, como los ganadores de un proceso histórico e inédito que regulará el futuro jurídico de nuestra gran nación.
Para el Dr. Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López, Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, las múltiples limitantes que establecen los lineamientos del proceso electoral generan desequilibrios, impidiendo que se desarrolle una contienda equitativa y justa para todos, en donde la mayor importancia radica en elegir a los y las mejores candidatos/as.
Desde su perspectiva, “resulta por demás claro que esta campaña, además de ser sui generis, bien puede limitar a las personas aspirantes a cargos judiciales a que tengan una buena imagen, sean conocidos por la ciudadanía y aquellos que no sean tan visibles, o bien no cuenten con los recursos suficientes para sufragar la misma, aunque sean competentes y capaces, sean descartados por la propia ciudadanía por no ser visiblemente conocidos, lo cual puede ser un error para que llegan los y las más aptos/as para los cargos de elección que nos ocupa”.
Es increíble pensar que, frente a tan importante proceso electoral, tengamos aspirantes a jueces que son ligados con el narcotráfico, tienen escándalos legales personales o inclusive son ministros de culto, en estos casos, ni siquiera se registró el inicio de campaña alguna, apostando a que el desconocimiento de la ciudadanía y la “suerte” de la coincidencia del voto les de la victoria.
En otros ejemplos, los mensajes para dar a conocer la capacidad individual de los aspirantes son tan burdos y grotescos, que atentan contra la inteligencia del electorado con alegorías a super héroes y heroínas, personajes de caricatura además de comparativos absurdos con la comida típica mexicana.
Reflexionemos: en las manos de alguno/a de estos/as aspirantes, estará entre otras muchísimas más, tomar decisiones judiciales tan importantes como otorgar o retirar la patria potestad de un hijo a algún padre, juzgar un feminicidio, acoso o violencia de género, autorizar un desalojo o dar certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollar proyectos productivos en nuestro país. Es nuestra obligación y derecho, exigir a las autoridades equidad y transparencia en el proceso, información clara a los candidatos/as y el análisis de propuestas serias y responsables para tomar la mejor decisión. La justicia en México no puede ser producto del azar, la reforma judicial nos debe dar certeza y permitir el crecimiento de nación al que todos aspiramos y no, por el contrario, abonar a las profundas grietas que hoy debilitan a nuestra nación.
