Horizonte Político
En tiempos de transformaciones profundas y crecientes demandas sociales, los responsables políticos de América Latina en general y México en particular, enfrentan el desafío de generar desarrollo económico sin sacrificar la cohesión social ni la calidad del empleo. En este contexto, el sindicalismo sociodemocrático se revela como un actor clave para construir alianzas duraderas, legitimar políticas públicas y fortalecer tanto la democracia como el crecimiento económico sostenible.
En días pasados, se realizó el 5to Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de América (CSA), escenario en donde se discutieron y analizaron los principales temas laborales y sociales que agobian a nuestro continente. De acuerdo a la narrativa de múltiples líderes, representantes de millones de trabajadores de las más importantes organizaciones sindicales de América, nos encontramos frente a la evidencia de un proceso de reconfiguración productiva profundamente regresivo para la clase trabajadora, teniendo como resultado un aumento del empleo en condiciones de informalidad, nuevas formas de trabajo con precarización salarial, ocultamiento forzado de la relación de dependencia laboral, extensión y flexibilización extrema de las jornadas de trabajo, mayor inestabilidad en el empleo y desprotección social. Esto se observa aún en mayor medida en los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
Dentro de los procesos de reconfiguración de alto impacto por los que atravesamos, podemos encontrar a las políticas tributarias regresivas, la transformación industrial digital y la transición energética, provocando grandes cambios en las cadenas de suministro global.
Frente a este escenario resulta urgente fortalecer, o en muchos casos construir, un modelo eficiente de sindicalismo sociodemocrático, que proponga con báses sólidas, un enfoque de gobernanza inclusivo y eficaz, basado en el diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta vía no solo evita la confrontación social innecesaria, sino que promueve acuerdos duraderos en áreas sensibles como salarios, protección social, condiciones laborales, transición ecológica o innovación tecnológica. Para los gobiernos, contar con sindicatos comprometidos con la institucionalidad y la negociación colectiva representa una ventaja estratégica para diseñar e implementar políticas públicas con legitimidad y eficacia.
Las experiencias internacionales demuestran que los países con un sindicalismo sociodemocrático fuerte y representativo, tienden a tener menores conflictos laborales, mayor estabilidad institucional y mejores indicadores de cohesión social. Desde una perspectiva de política pública, esto se traduce en menores costes sociales derivados del desempleo, la precariedad o la exclusión, y en una ciudadanía más participativa y confiada en sus instituciones. La paz social, garantizada mediante el diálogo social, es un activo económico que favorece la inversión y la competitividad.
Contrario a una visión anticuada que opone sindicalismo y crecimiento, se ha comprobado que el sindicalismo sociodemocrático moderno promueve la productividad y la innovación a través de mecanismos de concertación que permiten adaptar las relaciones laborales a los retos del presente. La negociación colectiva sectorial o territorial, por ejemplo, puede servir como herramienta para modernizar industrias, establecer marcos de cualificación profesional y facilitar la transición digital y ecológica con justicia social. Desde el punto de vista político, la inclusión de los sindicatos en estos procesos garantiza una implementación más fluida de reformas estructurales, al tiempo que se evitan rupturas sociales que desacrediten el proceso reformador.
Los retos globales como el cambio climático, la digitalización y la reconfiguración del mercado laboral exigen transformaciones profundas. En este marco, el sindicalismo al que hago referencia, debe convertirse en un socio estratégico para lograr una transición justa, que no deje a nadie atrás. Su participación activa en el diseño de políticas activas de empleo, reentrenamiento profesional y redistribución del crecimiento es fundamental para que las políticas de transformación cuenten con respaldo social y eviten generar nuevas brechas de desigualdad.
Desde una óptica político-institucional, los sindicatos con auténtica vocación sociodemocrática no son solo defensores del interés laboral: son pilares de la democracia participativa y del fortalecimiento de las instituciones nacionales. Su existencia fortalece los contrapesos democráticos y amplía la representación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas. Los gobiernos que reconocen y fortalecen el papel de los sindicatos en la vida institucional tienden a construir sociedades más resilientes, donde la gestión de los conflictos se canaliza por vías democráticas y estructuradas.
Para los responsables políticos comprometidos con un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, fortalecer el sindicalismo sociodemocrático no debe verse como una concesión, sino como una inversión estratégica. Este tipo de sindicalismo representa una herramienta eficaz para gestionar el cambio, redistribuir oportunidades y consolidar democracias más fuertes y justas.
En México, tenemos una gran oportunidad para construir e impulsar este tipo de sindicalismo analista, propositivo, creativo y comprometido con el crecimiento de la sociedad en su conjunto y la estabilidad de nuestras instituciones. No es un trabajo individual del gobierno, sino también debemos incluir a los líderes sindicales nacionales y principalmente a sus afiliados, quienes deben de participar activamente en la urgente e impostergable transformación sindical que permita construir la agenda común para el desarrollo inclusivo de nuestra nación. Debemos alejar la visión egoísta de buscar el bien de pocos movilizando a muchos, utilizando al sindicalismo como una patente de corzo que blinde actos deleznables, corrupción y enriquecimiento ilícito.
Pasemos de la demanda y la protesta a la propuesta y acción. Luchemos para incorporar a los sindicatos que representan un proyecto democrático, representativo, plural, analítico, propositivo e incluyente, como socios en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, abriendo así el camino hacia una economía más competitiva, una sociedad más cohesionada y una gobernabilidad más sólida. Si luchamos, ganamos.
Alberto Jaramillo
