Los acontecimientos recientes en Venezuela reabrieron un debate que muchos gobiernos prefieren evitar, el de la soberanía como principio absoluto. Frente a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, distintas voces entre ellas la del gobierno mexicano reivindicaron la no intervención como un valor irrenunciable. El argumento es conocido, ninguna potencia tiene derecho a decidir el destino de otro país. Pero la pregunta de fondo sigue sin responderse, ¿qué ocurre cuando la soberanía se invoca para proteger al poder y no a los pueblos?
Durante décadas, la soberanía nos ha sido enseñada no como un concepto político debatible, sino como un dogma incuestionable. Se predica con un fervor casi religioso, dudar de ella es pecado, cuestionarla es traición y matizarla equivale a condenarse al infierno del antipatriotismo. No se explica, no se problematiza, no se contrasta con la realidad. Se memoriza. Se obedece. Se invoca.
Como todo dogma, la soberanía así entendida no busca proteger a las personas, sino preservar la autoridad de quienes la administran. Bajo esta lógica, cualquier cuestionamiento es castigado con etiquetas automáticas, “entreguista”, “vendepatrias”, “enemigo de la nación”. El debate se clausura antes de comenzar. La soberanía se convierte en una religión laica del poder, mucha fe, ningún resultado.
En teoría, la soberanía implica algo muy distinto. Significa control del territorio, monopolio legítimo de la fuerza y capacidad real del Estado para garantizar derechos, libertades y seguridad. No es una consigna ni un ritual discursivo; es una condición operativa. Cuando el Estado cumple esas funciones, la soberanía existe. Cuando no, se convierte en una ficción jurídica sostenida por discursos.
México ofrece ejemplos dolorosamente claros. Hay regiones enteras donde el crimen organizado controla caminos, comunidades y economías locales; impone reglas, cobra extorsiones, despoja propiedades, desaparece personas y decide quién vive y quién muere. En esos territorios, el Estado está ausente o subordinado. La soberanía formal permanece intacta; la soberanía real, no.
Es aquí donde el debate deja de ser abstracto y se vuelve humano. Pensemos en una madre buscadora. Una mujer que lleva años recorriendo brechas y fosas con una pala, buscando a su hijo desaparecido. El Estado no lo encontró. La Fiscalía no investigó. La autoridad local fue omisa o cómplice. Ahora alguien le plantea una pregunta que ningún discurso patriótico responde, si aceptar cooperación o intervención extranjera, forense, técnica o investigativa, aumentara la posibilidad de encontrar a tu hijo, ¿la rechazarías en nombre de la soberanía?
La respuesta, por brutal que resulte para el poder, es clara, ¡no!. Para esa madre, la soberanía no es un valor supremo; es irrelevante frente a la verdad, la justicia y la vida. No por falta de amor a su país, sino porque su país la abandonó primero.
Ese es el punto que los gobiernos evitan. La soberanía no puede convertirse en una coartada moral para encubrir corrupción, incapacidad o colusión. No puede usarse como escudo mientras actores criminales gobiernan de facto y violan sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. En esos casos, la soberanía deja de proteger a la nación y empieza a proteger al régimen.
El derecho internacional moderno ya lo reconoce, la soberanía no es absoluta cuando el Estado no quiere o no puede proteger a su población. No se trata de justificar intervenciones automáticas ni tutelajes externos, sino de entender que la legitimidad del principio depende de su ejercicio real.
El verdadero dilema no es soberanía contra intervención. Ese es un falso patriotismo. El dilema real es entre la soberanía del Estado y la soberanía de los ciudadanos sobre su vida, su libertad y su dignidad. Cuando el Estado abdica de su responsabilidad, pierde autoridad moral para invocar la soberanía como valor supremo.
La soberanía no se declama, se ejerce. Y cuando el Estado no controla su territorio, no protege a sus ciudadanos y permite que el crimen gobierne, invocar la soberanía ya no es patriotismo, es cinismo. En ese punto, la soberanía deja de ser un derecho del Estado y se convierte en una coartada para la impunidad, un escudo para el autoritarismo y un argumento para justificar el abandono de quienes han sido despojados de todo, incluso de la esperanza. Defender esa soberanía no es defender a la nación; es encubrir el fracaso del poder.