El desafortunado incumplimiento de algunos alcaldes a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública provoca consecuencias lamentables, como la ineficaz implementación de las estrategias de seguridad, lo que vulnera la tranquilidad del grueso de la población y debilita la confianza en las autoridades locales. La falta de supervisión adecuada y el desinterés por seguir los protocolos establecidos permiten que personas sin el perfil idóneo ocupen cargos clave en la estructura de seguridad pública, incrementando los riesgos tanto para las fuerzas del orden como para la ciudadanía.
Un ejemplo preocupante de esta problemática es el lamentable homicidio del responsable de la seguridad del alcalde de Celaya, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez. El asesinato del comandante Álvaro Fernando Coria Jiménez, ocurrido el 12 de febrero, vuelve a cimbrar a la sociedad celayense y se suma a los hechos de gran impacto en ese municipio. Celaya ha sido escenario de múltiples episodios de violencia en los últimos años, destacando el homicidio de la candidata de Morena, Gisela Gaytán, en abril del año pasado. Su asesinato en plena campaña electoral generó conmoción a nivel nacional y evidenció la grave crisis de seguridad en el municipio. Gaytán fue posteriormente reemplazada en la candidatura por el actual edil, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien asumió el cargo en un contexto de alta conflictividad.
El caso de Coria Jiménez es particularmente alarmante porque, a pesar de que los informes del Centro de Control de Confianza establecían que no podía desempeñar responsabilidades en el área de seguridad, su contratación se llevó a cabo sin considerar las advertencias. Dichos informes revelaban antecedentes comprometedores del jefe de escoltas del alcalde: dos ingresos al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Celaya por el delito de homicidio. El primer ingreso tuvo lugar en diciembre de 2020, con su liberación en enero de 2022. Sin embargo, el mismo día de su salida, volvió a ser detenido e ingresado al CERESO por un segundo caso de homicidio, quedando en libertad en marzo de 2023. Estos antecedentes evidencian una falta de rigurosidad en el proceso de selección de personal para funciones de seguridad pública, poniendo en riesgo no solo a las autoridades, sino a la población en general.
La trayectoria de Coria Jiménez dentro de la corporación policial también plantea interrogantes sobre la integridad de los procedimientos internos. Se sabe que ingresó a la Policía de Celaya en febrero de 2013, pero se desconoce en qué momento y bajo qué circunstancias salió de la corporación. Lo que sí es claro es que reprobó las pruebas de control de confianza debido a presuntos vínculos con el Cártel de Santa Rosa, lo que lo hacía inadecuado para ocupar cualquier cargo en el ámbito de la seguridad pública. A pesar de que esta información fue comunicada a las autoridades municipales, el alcalde de Celaya decidió proceder con su contratación, ignorando las advertencias y poniendo en entredicho su criterio en la toma de decisiones sobre seguridad.
El desenlace de este caso, con el asesinato de Coria Jiménez, refleja las serias deficiencias en la administración de la seguridad en el municipio y deja en evidencia la vulnerabilidad de las estructuras gubernamentales ante la infiltración de individuos con antecedentes delictivos. Además, resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y cumplimiento de los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La falta de apego a estas normativas no solo pone en peligro la vida de los funcionarios encargados de la seguridad, sino que también compromete la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía.
