El reciente descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, como un campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto en evidencia una crisis de seguridad que trasciende las estadísticas oficiales y desafía la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado. Este hallazgo, realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tras una denuncia anónima, no solo sacude la conciencia nacional por la brutalidad implícita —tres crematorios clandestinos, cientos de restos óseos calcinados, casi 400 pares de zapatos y objetos personales—, sino que plantea preguntas críticas sobre el futuro inmediato de la seguridad en Jalisco y el país.
Como especialista en seguridad, considero que este caso revela tres problemas estructurales que deben abordarse con urgencia. Primero, la incapacidad o negligencia de las autoridades locales y estatales para detectar y desmantelar este tipo de sitios. El predio fue asegurado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, que detuvo a 10 personas y rescató a dos secuestrados, pero no identificó los restos que las buscadoras hallaron meses después. Esto sugiere deficiencias en la inteligencia, la investigación forense y la coordinación institucional, o, en el peor de los casos, complicidad. Segundo, la consolidación del CJNG como una organización con capacidades paramilitares, capaz de operar campos de reclutamiento y exterminio a gran escala, lo que evidencia su control territorial y su desafío directo al monopolio de la fuerza del Estado. Tercero, la persistente crisis de desapariciones —Jalisco lidera con más de 15 mil casos—, que deja a los colectivos de familiares como los únicos actores efectivos en la búsqueda de justicia, asumiendo riesgos que el gobierno no mitiga.
¿Qué sigue entonces para Jalisco? En el corto plazo, la presión social y mediática obligará a una respuesta más contundente de las autoridades. La Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso, como ha sugerido la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que implicaría un despliegue de recursos federales para investigar no solo este sitio, sino otros potenciales campos similares. Sin embargo, esto no será suficiente si no se ataca la raíz del problema: la corrupción y la falta de voluntad política para confrontar al CJNG. La política de "abrazos, no balazos" fue ineficaz frente a un enemigo que no negocia y que, como muestran los hechos, opera con una lógica de terror sistemático.
A mediano plazo, Jalisco necesita una estrategia integral que combine inteligencia táctica, depuración policial y fortalecimiento de las capacidades forenses. La identificación de los restos y objetos encontrados debe ser prioritaria para dar certeza a las familias y desmantelar las redes de reclutamiento forzado del CJNG. Además, es imperativo que el gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, asuma responsabilidad y deje de evadir el problema atribuyéndolo a administraciones pasadas. La colaboración con la federación y los colectivos debe ser genuina, no cosmética.
El Rancho Izaguirre no es un caso aislado; es un síntoma de la erosión del Estado de derecho en regiones clave. Si no se actúa con decisión, Jalisco podría convertirse en un laboratorio de violencia aún más extrema, replicando modelos de exterminio vistos en otros contextos históricos. La seguridad no se recuperará con discursos ni estadísticas maquilladas, sino con acciones concretas que devuelvan la confianza a una sociedad horrorizada por el abismo que este descubrimiento ha revelado.
Exsecretario de seguridad, Fundador de AC Consultores
