El pasado 30 de marzo se iniciaron las campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio. Este proceso está poblado de una larga lista de problemas, pero sobre todo parece que es una farsa política que apunta hacia la manipulación, la captura y el autoengaño.
La polémica reforma judicial ha generado una opinión polarizada en dos extremos: para el oficialismo es el paso necesario para acabar con un poder judicial lleno de corrupción y nepotismo que impiden una adecuada impartición de justicia. Por otro lado, está la visión crítica, que afirma que se trata de una pésima reforma, que no ayudará a mejorar la impartición de justicia, que destruirá el poder judicial y llevará a que las y los jueces sean agentes más capturados por diferentes poderes fácticos. Comparto la visión crítica a la reforma y considero que la elección de jueces es una farsa. Explico algunas razones.
Hay un punto de consenso, sí es necesaria una reforma que mejore la procuración e impartición de justicia en el país. Sin embargo, la reforma que se aprobó no resuelve el problema, y lo más probable es que nos lleve a una peor condición de la que hoy tenemos. Se ha dicho hasta el cansancio: la elección popular de jueces es de entrada un error mayúsculo; la experiencia internacional lo explica, y el caso de Bolivia muestra los rasgos de un experimento completamente fallido. Seguramente México será otro enorme fracaso.
La reforma que hizo el gobierno anterior dejó en el centro una polémica elección judicial; el oficialismo metió a México en un problema mayúsculo. Se hizo sin diagnósticos, sin consensos y en contra de la opinión de muchos juristas expertos y de varios organismos internacionales. Esta elección imposible le generó al INE en un gran reto, porque con un presupuesto muy recortado ha tenido que hacer una elección plagada de complicaciones: desde una extraña redistritación, boletas incomprensibles, un cómputo de 15 días en los distritales, hasta restricciones para hacer campaña sin partidos, con escasos recursos, sin compra de publicidad. La lógica electoral implica tener mediadores y aparadores, que en este caso están prohibidos, es decir, no hay partidos (aparentemente), ni propaganda.
¿De qué forma la ciudadanía va a seleccionar por cuáles candidaturas votar? Hay miles de candidaturas que son anónimas para la gran mayoría ciudadana. Al iniciar la campaña vimos cómo algunas candidatas que militan en el oficialismo, empezaron a hacer lo que hacían antes los priístas, ir a las maquinarias gremiales de operación electoral, porque sin ellas cualquier candidatura está destinada al fracaso, o cuando menos a permanecer en el anonimato. Por eso las tres ministras morenistas (la “chulada” de Loretta, la del “pueblo” que llegó por dedazo, Lenia, y la plagiaria Yasmín) recurrieron a mecanismos corporativos y clientelares; sindicatos de maestros, electricistas y grupos de ambulantes, que han declarado su morenismo militante, las apoyan. Imaginemos cómo serán las sentencias de esas ministras en la nueva SCJN.
Además, otros poderes fácticos también están interesados en tener jueces a modo. Así, se han empezado a detectar candidaturas cercanas al crimen organizado, abogados de los Zetas y del Chapo Guzmán; algunos cercanos a las iglesias, como la Luz del Mundo y otros candidatos que han tenido procesos abiertos y demandas en su contra. A medida que avancen las campañas habrá más información para ver la captura de los futuros jueces. Sin embargo, resultará muy complicado detener esas candidaturas apoyadas por grupos de interés y poderes fácticos, para eso hay una mayoría oficialista en el Tribunal Electoral. También habrá que observar cómo en los 19 estados en donde habrá elecciones judiciales locales, las y los gobernadores ya armaron sus listas de jueces a modo.
En el régimen judicial que está por desaparecer, la captura se intentaba evitar mediante una carrera judicial que permitía más autonomía e independencia a los jueces. Con todas las fallas, errores y críticas que se puedan hacer, había más margen para arbitrar intereses. Ahora los nuevos diputados judiciales estarán expuestos a las amenazas del crimen y a los intereses corporativos y económicos de quien los llevó a ganar. ¿Y la justicia?
