La desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado un debate importante en el país. Este recorte plantea un choque entre poderes: hay dos narrativas confrontadas, la del ejecutivo que supuestamente quiere quitar privilegios, frente al discurso de los trabajadores del PJF que dicen defender derechos laborales. ¿Se trata de un problema de redistribución y reasignación de recursos, o de una expropiación en modo de una venganza política?; ¿es coherente desaparecer fideicomisos del PJF y, al mismo tiempo, crear fideicomisos para las fuerzas armadas y el Tren Maya?
La confrontación entre poderes es parte de una democracia, pero los desacuerdos y las diferencias se tienen que procesar conforme a las reglas del juego. En este caso lo que se ve con mucha claridad es que hay una jugada de tres bandas. Al presidente le enoja mucho que sus reformas legislativas sean rechazadas en la SCJN. El poder judicial se ha convertido en el contrapeso estatal frente al hiperpresidencialismo que experimenta el país desde diciembre de 2018. El cálculo de AMLO fue tener una minoría cercana al gobierno que pudiera vetar las controversias en contra del ejecutivo, es decir, los cuatro ministros designados por el presidente, no ha resultado, porque se ha formado una mayoría de ocho ministros que han protegido los derechos constitucionales. Con los fideicomisos del PJF pasará algo similar a lo de la ley eléctrica y al traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, no pasarán en la SCJN. Pero lo importante es la narrativa para descalificar a los jueces por conservadores, corruptos y flojos para apelar a la base dura de la 4T con fines electorales. Una vez que se tire la desaparición de fideicomisos, el presidente tendrá más municiones para llevar adelante su estrategia electoral, la cual es asumida al 100% por Claudia Sheinbaum, quien afirma -falsamente- que ya han democratizado al poder ejecutivo y al legislativo y solo les falta el judicial. ¿Cuál democratización? Esa narrativa tiene como objetivo ganar la mayoría calificada en 2024 para poder elegir a los ministros de la Corte y terminar con la supuesta corrupción del poder judicial. Un proyecto equivocado y un peligro para una democracia que necesita contrapesos.
Otra parte del debate se da sobre la diferencia entre derechos y privilegios. La 4T ha montado un discurso que no se sostiene para manejar los presupuestos. AMLO ha emitido leyes de austeridad y constantemente apela a que los funcionarios públicos vivan en “la justa medianía”, lo cual va en contra de la alta burocracia que tiene privilegios. Las baterías apuntan principalmente al cabeza del PJF, a los ministros y ministras de la SCJN. Sin embargo, los fideicomisos en cuestión no se destinan a los 11 ministros, ni a los 22 que se encuentran en retiro, como dicen en el debate público. La misma SCJN aclara que se trata de fondos para pensiones complementarias, apoyos médicos, infraestructuras, etc. Se necesita hacer un análisis pormenorizado de cuáles fideicomisos tienen ingresos de los trabajadores y cuáles obedecen a economías presupuestales, porque no todos son iguales. Varios de esos fondos pueden afectar derechos laborales o, al menos, expectativas de derechos, por eso ha habido manifestaciones en contra de los miles de empleados del PJF. El criterio para distinguir entre derechos y privilegios es parte del problema porque responde a visiones diferentes y a estrategias de poder rumbo al 2024. Hay que ver con lupa lo que pase con el presupuesto porque ahí está la batalla de fondo.
La política de austeridad de AMLO ha sido una reasignación presupuestal, como lo muestra muy bien Guillermo Cejudo en su artículo de Nexos de este mes, “El mito de la austeridad”. Se ve con mucha claridad que el presidente tiene un doble rasero, la austeridad es para los sectores y proyectos que no le interesan, pero para sus grandes obras y programas sociales hay recursos abundantes. También hay doble rasero en la cancelación y creación de fideicomisos. Todo lleva a una reasignación de recursos y a una centralización administrativa con lo que ganan las fuerzas armadas, mientras se debilitan las capacidades civiles del Estado. ¿Derechos o privilegios?
