Justicia Sí, persecución No

Esta semana volvió a quedar claro que México camina hacia un punto peligroso: acostumbrarse a lo que nunca debería parecer normal en una democracia. Hemos empezado a aceptar, casi sin escándalo, que sea el acusado quien deba probar su inocencia, como si hubiera quedado atrás aquella premisa elemental de justicia según la cual quien acusa está obligado a probar.

La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica de la alternancia, no puede tomarse a la ligera. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa por presunta delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal. Eso es lo que se sabe y nos exige para el caso una vigilancia pública enorme.

No abundaré en el aspecto legal, porque correspondería a las autoridades probar lo que afirman y a los jueces resolver conforme a la ley. Lo que sí puedo decir es que Ruffo es un político respetado por muchos y que pocos personajes públicos pueden presumir el respaldo de sectores tan distintos de la sociedad. Por eso, lo que muchos esperamos no es una exoneración por simpatía, sino un debido proceso, autoridades imparciales y una justicia que use la ley como instrumento, no la venganza política como método. Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad.

¿Por qué los primeros señalados no están ni tantito cercanos a ser juzgados como sí lo está Ruffo?

¿Por qué el encubrimiento a Mario Delgado, Adán Augusto López, Américo Villarreal y todos los mencionados por el hermano de Sergio Carmona Angulo, ahora testigo protegido en Estados Unidos?, Julio César Carmona, reveló ante autoridades estadounidenses esta enorme red de corrupción y evasión fiscal.

Y más importante aún ¿por qué en México la verdad pesa cada vez menos?

Para esta pregunta, hay muchas respuestas posibles, pero una de las más claras está en la polarización que se instaló con Andrés Manuel López Obrador y que su movimiento convirtió en forma de gobierno. La verdad dejó de ser importante y terminó manoseada y convertida en munición de trincheras.

Fui testigo de la enorme división del país durante la toma de protesta de Felipe Calderón en 2006: un ambiente cargado de encono, resentimiento y agresividad por parte de quienes sostenían que sólo valían los votos del tabasqueño. Hasta la fecha algunos siguen invocando un fraude que no existió. Lo digo con claridad porque millones de mexicanos trabajamos con pasión, convicción y compromiso en aquella elección, apoyando al “hijo desobediente” de Michoacán.

Con el paso de los meses también pude comprobar que el diálogo y el encuentro daban resultados. La pluralidad, aun con diferencias profundas, podía traducirse en política pública: de esa que se mide, no de la narrativa que se presume desde el agravio y que lamentablemente, también tuvo su cosecha en 2018. Pocos imaginaron que el fruto vendría podrido por el odio.

No niego la esperanza de cambio que generó López Obrador. Tampoco pongo en duda su capacidad para persuadir a un electorado al que se le contó una historia muy lejana a la realidad y demasiado cercana a la manipulación: el hombre “bueno” que decía vivir con 200 pesos y que convirtió la ofensa y la descalificación permanente en su mejor arma electoral. Esa mentira, repetida hasta parecer verdad, fue heredada como estrategia para el segundo piso de “la transformación”.

Morena llegó al poder empujado por un relato que prometía demasiado y cumplió muy poco. Después de más de siete años de gobierno federal morenista, Palacio Nacional se volvió una galería de incongruencias.

Dijeron que combatirían la corrupción y terminaron conviviendo con ella. Prometieron regresar a los militares a los cuarteles, pero les entregaron más poder, más recursos y más espacios de decisión, muchas veces con menos transparencia.

Aseguraron que acabarían con la inseguridad, pero vastas regiones quedaron sometidas al poder de los grupos criminales, cuyos líderes ya no sólo cooptan autoridades: en muchos municipios y estados son el gobierno. Hicieron de la entrega de dinero público una bandera permanente. No es que antes no existieran programas sociales; lo grave es que convertieron la ayuda pública en una estrategia electoral que adormece la exigencia de bien común.

Insistieron en que el acceso a la salud sería un derecho efectivo, pero volvieron los hospitales en espacios de carencia y a la medicina en un lujo para millones de mexicanos. Dijeron que el acceso a la justicia sería una realidad, pero han debilitado al Poder Judicial y lo han sometido a una presión política que vulneró como nunca su independencia. Durante años se proclamaron demócratas; hoy dejan ver que el control político es su verdadera obsesión.

Sobran ejemplos de políticas públicas marcadas por la ineficiencia, la irresponsabilidad y la negligencia de un régimen que se niega a reconocer la pluralidad como una condición indispensable para construir un mejor país. Para ellos, las diferencias de pensamiento no generan conversación, más bien estorban y por eso insisten en exhibir, acorralar o destruir a quienes tienen otras visiones de país.

El caso Ruffo, por eso, no puede analizarse sólo desde el aspecto penal ni desde la simpatía personal. Debe mirarse desde una pregunta más amplia: ¿queremos un país donde la justicia investigue o uno donde el poder condene primero y pruebe después? Si hay responsables de huachicol fiscal, que se investigue hasta el fondo, caiga quien caiga y sin proteger a nadie. Pero si la justicia se usa de manera selectiva, entonces deja de ser justicia.

México no necesita venganzas disfrazadas de legalidad; necesita verdad e instituciones que no se rindan ante la mentira organizada. Por eso, la verdad tiene que ser una exigencia firme: justicia sí, persecución no; verdad sí, propaganda no; ley para todos, ¡nunca como arma contra unos cuantos!

Política y activista

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