Por años, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han caminado sobre un campo minado de indiferencia institucional. Esta semana, su voz cruzó fronteras: más de 100 organizaciones entregaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU un informe que solicita remitir el caso mexicano a la Corte Penal Internacional (CPI) para abrir una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad. No es sólo una denuncia: es un grito que perfora el muro de la simulación.
El documento expone un país donde la tierra habla más que las autoridades. Más de 3 mil fosas clandestinas han sido localizadas, muchas por manos civiles que cavan con esperanza y rabia. Más de 72 mil cuerpos sin identificar y una maquinaria forense oxidada por la negligencia gubernamental
Lo trágico es que mientras el gobierno presume una baja en homicidios, las desapariciones crecen como raíces venenosas bajo el suelo. La necia realidad se impone en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, quien repite una y otra vez que con ella, llegamos todas, pero se niega a hablar con las madres buscadoras a las que trata como adversarias políticas.
La historia reciente es una espiral de promesas rotas. En 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares luego de enormes exigencias de los colectivos, como senadora de la República tuve la oportunidad de participar en su modificación y discusión.
Se logró así la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue encabezada por Karla Quintana, antes titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con quien tuve la oportunidad de trabajar estrechamente desde el legislativo.
Todos recordamos cómo Quintana enfrentó presiones para modificar cifras del registro de desaparecidos. Le pidieron que maquillara el horror, que convirtiera los nombres en estadísticas evaporadas. Reconozco que su renuncia fue un acto de dignidad: se negó a ser cómplice del encubrimiento.
La Presidenta de México ha destacado como uno de sus éxitos en este primer informe, la disminución de homicidios dolosos, pero mientras se celebra la caída de una cifra, otra se eleva como humo negro: las desapariciones. El país acumula cuerpos sin nombre, sin historia, sin justicia. Los servicios forenses son como relojes sin manecillas: están ahí, pero no avanzan. Faltan peritos, reactivos, médicos, pero lo más importante hace falta voluntad política.
El informe entregado a la ONU no sólo documenta cifras: dibuja un mapa del abandono. Las fosas clandestinas no son accidentes, son cicatrices de una violencia sistemática. Y lo más grave, según los colectivos, es que el Estado ha fallado en prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. La impunidad se ha vuelto política de Estado. La desaparición forzada, cuando se comete como parte de un ataque generalizado contra la población civil, es considerada crimen de lesa humanidad. México, dicen los colectivos, cumple con ese patrón.
Solicitar la intervención de la CPI no es una exageración: es una llamada de auxilio desde el fondo del pozo. Es decirle al mundo que aquí, en este país que presume modernidad y gobernabilidad, hay madres que buscan a sus hijos entre escombros, hay hermanos y padres que excavan con cucharas, hay comunidades que viven con el corazón enterrado.
La metáfora más cruel es la del archivo: cada cuerpo sin identificar es una carpeta que duerme en un estante, esperando que alguien la despierte. Pero los estantes están llenos, los laboratorios vacíos, y la memoria oficial se escribe con tinta invisible.
Claudia Sheinbaum tiene ante sí una decisión histórica: seguir el guion del maquillaje estadístico o romper el pacto del silencio. Puede elegir entre ser la administradora de una tragedia o la arquitecta de una verdad incómoda. Porque mientras se niegue la magnitud del horror, México seguirá siendo un país donde la justicia se busca con picos y palas, y la esperanza se entierra cada día.
Los colectivos han hecho su parte: han documentado, denunciado, resistido. Ahora el mundo observa. Y México, como Estado deberá responder, porque la tierra ya habló y lo que dijo no se puede callar.
Política y activista
