El domingo pasado se llevó a cabo el tan esperado primer debate presidencial entre las personas candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez. Una primera noticia positiva fue el hecho de haber celebrado este ejercicio democrático en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) por primera vez en la historia de estos debates, lo que envía un mensaje claro de que este organismo electoral es también una arena de debate público efectivo.
La segunda noticia positiva fue el ambiente festivo vivido en torno a este suceso pues, de alguna forma, diferentes actores institucionales que se dieron cita, así como la sociedad que estuvo pendiente de la transmisión en vivo y en las redes sociales, esperan con gran interés y como cada seis años, que la Administración Pública Federal y diversas autoridades se renueven para refrescar la vida pública e institucional de nuestro país.
El tema de la corrupción estuvo presente desde los primeros minutos, esto pudo haber sido la tercera noticia positiva si hubiera sido abordado con la seriedad que ameritaba y hubiéramos escuchado propuestas sólidas para prevenir, controlar y combatir este fenómeno, pero no fue así, el tema más bien fue aprovechado para que las personas candidatas se descalificaran entre sí. Seguramente, escandalizada por todo lo dicho, la sociedad se estará preguntando qué es real, qué no y qué ha pasado con cada uno de los señalamientos que podrían ser calificados como escandalosos delitos de corrupción.
A pesar de esto, hubo ideas generales que bien valdría la pena desarrollar más para conocer a profundidad las propuestas de las personas candidatas sobre los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por ejemplo, lo expuesto por el candidato Álvarez Máynez respecto de establecer incentivos y controles más claros sobre las empresas que participan en licitaciones para garantizar la honestidad y la transparencia en las contrataciones públicas, también, la propuesta de digitalización para evitar la corrupción en trámites y servicios que hizo Claudia Sheinbaum y, asimismo, la propuesta que hizo Xóchitl Gálvez sobre fortalecer a las instituciones de impartición de justicia, de auditoría y de persecución de delitos de corrupción mediante el ejercicio de una autonomía real.
Con este primer debate, quedaron claras las posturas acerca de las instituciones públicas que promueven la transparencia, el acceso a la información y combaten la corrupción, pero no se profundizó sobre su relevancia en la promoción de esquemas de rendición de cuentas que permitan asegurar el estado de derecho, hacer responsables a los servidores públicos por su toma de decisiones, así como mejorar la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Esta es una mala noticia, sobre todo porque desde el Ejecutivo federal se pretende desaparecer a los organismos constitucionales autónomos, mismos que han sido producto del ideal democrático por el que han peleado miles de mexicanas y mexicanos a lo largo de la historia de nuestro país y que funcionan como contrapesos al ejercicio absoluto del poder.
Sin lugar a duda, aún hay mucho que trabajar en el formato del debate para convertir este ejercicio en un espacio donde haya más intercambio de ideas y presentación de propuestas que permitan a las y los electores tomar una decisión más informada al momento de ejercer su voto.
