No hay ninguna duda de que el Modelo y la Política de Apertura Institucional generados y aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia durante el 2024 a través del Archivo General de la Nación (AGN), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) será un referente para normalizar la colaboración entre la sociedad y las instituciones, desde el año 2025 hasta el 2035.
Durante las grandes reformas educativas del siglo XIX, la Revolución Mexicana, los Movimientos sociales de 1968, la consolidación de las agendas de derechos humanos, el indigenismo, y el feminismo, así como la transición democrática del año 2000, existieron causas estructurales, personajes clave, y tensiones sociales que delimitaron estas épocas en México.
En este primer cuarto del siglo XXI, es visible que partimos hacia un nuevo tipo de modelo de Estado y que la colaboración entre gobiernos y personas no es una opción, sino un compromiso que la era digital fortaleció y en la que están obligadas a trabajar las personas funcionarias públicas.
En este sentido, los proyectos económicos y políticos de los gobiernos se alinean de acuerdo con diversas ideologías, pero el Estado prevalece a través de sus instituciones, que vale la pena señalarlo, tienen una razón de ser a través del pacto democrático. En este sentido el Estado de derecho o la protección de los derechos humanos son necesarios para que puedan respetarse las libertades, porque independientemente del nombre que tenga cada Secretaría, Instituto o Poder, en todos los casos el fin debe ser el mismo: ofrecer políticas públicas que fortalezcan el pacto social para mantener la paz y el desarrollo social en todo el territorio.
Rousseau se esforzó por esclarecer la diferencia entre la soberanía y el gobierno, al redactar que la primera era aquello que le pertenece al pueblo y el segundo la institución encargada de ejecutar la voluntad general. En este sentido, en nuestro país, debemos recordar que los gobiernos, municipales, estatales o federales, no son el poder perpetúo, sino los intermediarios que implementan las decisiones colectivas eligiéndolas a través de mecanismos como la participación efectiva y mostrando los avances sobre esos acuerdos por medio de la transparencia proactiva.
Así, la Apertura Institucional es un concepto que se refiere a la transformación o modificación de las estructuras y prácticas dentro de las instituciones para hacerlas más transparentes, inclusivas y participativas. Ésta democratiza los procesos institucionales, permitiendo una interacción más ágil entre los entes públicos y la ciudadanía, así como un mayor acceso a la información en la toma de decisiones.
En el caso del Modelo y la Política de Apertura Institucional es una importante fuente de conocimiento sobre lo que se conoció como Gobierno Abierto y su transición a la Apertura Institucional moderna en las más de 7,300 instituciones del aparato de Estado mexicano, porque describe con precisión qué debe hacer cada institución hasta el año 2035 para que las organizaciones de la sociedad civil, entidades privadas, medios de comunicación, periodistas, empresas, personas de la academia o personas ciudadanas participen en las decisiones públicas y se aseguren que se ha trabajado a favor de sus proyectos y propuestas.
Comisionado presidente del INAI
