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Analistas políticos y expertos en derecho criticaron la postura del presidente Andres Manuel López Obrador, quien calificó de tendencioso al alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, al señalar que con ello sólo desprestigia a México.
Asimismo, señalaron que la serie de asesinatos de candidatos y aspirantes a puestos de elección popular muestran que el Estado mexicano está rebasado o, al menos, el gobierno no hace nada para proteger a las candidaturas.
El analista político José Antonio Crespo consideró que las declaraciones del Titular del Ejecutivo eran de esperarse, pues durante cinco años “se ha dedicado a descalificar a quien lo critica” como parte de “un esquema de engaño para los mexicanos”.
“Ya ha criticado a la OEA y al Parlamento Europeo, cualquier cosa que le critiquen, venga de donde venga, automáticamente lo mete en el mismo costal de los que concurran contra su gobierno, con la derecha mundial, a los conservadores (...) Es parte de un esquema de engaño a sus seguidores, quienes sí creen que si hay una conjura internacional en su contra”.
Crespo Mendoza detalló que este tipo de confrontaciones desprestigian a nuestro país ante el mundo y lo muestran como un gobierno antidemocrático a nivel internacional.
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El exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, advirtió que las declaraciones del alto comisionado son pertinentes porque la ONU tiene la facultad de intervenir en los países adheridos a ella, y México ha firmado diversas cartas y convenciones del organismo multilateral.
“Así que no está cometiendo ningún disparate ni un exceso el comisionado de las Naciones Unidas, el que está actuando sin entender o sin querer entender es el Presidente de la República, al desconocer las facultades de las Naciones Unidas”, indicó.
Morales Lechuga aseguró que el gobierno no está cumpliendo con su obligación de mantener la paz social, tanto para los candidatos como para los electores.
A su vez, el exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, afirmó que López Obrador tiene una deuda con México en la que, lamentablemente, no ha podido disminuir la presencia del crimen organizado y, menos aún, su incidencia en las elecciones. “Sumamos más de 20 personas asesinadas, lo cual contradice lo que él [el Presidente] dice en el sentido de que se apoya a todos”, comentó.
Refirió que estos asesinatos indican que el Estado está rebasado o, al menos, que no hace nada para proteger a las candidaturas.
Así que descalificar al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas es utilizar la misma estrategia para evadir su responsabilidad, consideró.
“No veo que por una recomendación así [la del comisionado] haya intervención indebida en nuestro país, hay formas y mecanismos para recibir esas sugerencias”.
Mientras que Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que la acusación de López Obrador a Türk deja al gobierno mexicano en una posición muy compleja porque hizo comentarios viscerales y eso cae mal en el contexto de los organismos internacionales.
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Hasta que no concluya esta administración, los diversos espacios internacionales no van a tener confianza y van a evitar interacciones con el gobierno mexicano, refirió.
Carlos Matienzo, director de Datalnt que elabora el Reporte Especial: Proceso Electoral, señaló que el comisionado de las Naciones Unidas fue prudente porque se tiene que hacer un esfuerzo para que la inseguridad no sea determinante en el proceso.
“Le preguntaría al Mandatario si le parece normal que asesinen a 20 candidatos y en total a 77 personas vinculadas a los procesos electorales… a lo mejor le parece normal, claramente para los organismos internacionales no lo es”, puntualizó el especialista.
En tanto, Rafael Arenas Hernández, Integrante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, consideró que el gobierno federal no debería minimizar la situación y mantener el control con el objetivo de brindar seguridad tanto a candidatos como a ciudadanos.
Ello porque es evidente que los grupos delictivos tienen especial interés en la política mexicana en el marco de las elecciones más grandes de la historia de México.
“Parece ser que está dejando de ser un asunto de colores de partidos para convertirse en un asunto de seguridad nacional entre los ciudadanos y los cárteles”, estimó.
Indicó que el gobierno federal debe tener un mapa de riesgos por la presencia de estos grupos delincuenciales y por lo mismo, con independencia de que los candidatos soliciten una seguridad, debería existir un protocolo de blindaje por segmentos de riesgo.
