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carlos.benavides@eluniversal.com.mx
Miami.— Un alto nivel de violencia contra la prensa —que derivó en siete asesinatos—, la ineficiencia gubernamental para el debido funcionamiento de un mecanismo de protección a comunicadores que no logra prevenir, investigar, sancionar ni contrarrestar la impunidad, y la estigmatización de periodistas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador son el panorama que en los últimos seis meses ha vivido México en materia de libertad de expresión, detalla un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Durante la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en esta ciudad, son presentados los informes sobre el estado de libertad de prensa en el hemisferio, y México se coloca como el país con mayor número de asesinatos de periodistas, siete en los últimos seis meses y 11 en lo que va del actual gobierno.
En el informe, rendido ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, también se destaca el mal funcionamiento del programa que opera el gobierno federal para proteger a los periodistas.
“El pasado 26 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó 104 recomendaciones al gobierno para mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Según el informe, el mecanismo adolece de medidas paliativas, falta de personal, presupuesto, carencia de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas, y permite un alto nivel de impunidad.
Y añade: “Jan Jarab, representante de la ONU en México, destacó que este mecanismo tiene un enfoque reactivo–paliativo, y se recomienda dar prioridad a la prevención, pero también a erradicar la impunidad”. Explicó que 55% de las presuntas agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos eran de funcionarios públicos, por lo que se hace imperativo prevenir, investigar y sancionar esos ataques.
El informe enfatiza el caso de la estigmatización y descalificación a los periodistas por miembros del gobierno, señaladamente del Presidente de la República.
A principios de septiembre, una misión especial de la SIP, encabezada por su presidenta, María Elvira Domíguez, viajó a México ante los elevados casos de asesinatos y agresiones contra periodistas. La misión se reunió con funcionarios públicos y representantes de medios de comunicación; estos últimos expresaron su preocupación por la estigmatización que desde el gobierno se realiza y lo peligroso de esta práctica cuando hay asesinatos y violencia contra periodistas y un alto grado de impunidad.
“La misión de la SIP se hizo eco de las denuncias y la preocupación de organizaciones y sectores de la sociedad civil respecto a las consecuencias violentas que pueden acarrear las descalificaciones de periodistas y medios que el presidente Andrés Manuel López Obrador acostumbra hacer. El 22 de julio el Presidente discutió con el reportero Arturo Rodríguez de la revista Proceso, porque ‘no se portó bien’ con su gobierno; también recordó el papel instrumental del periodista Francisco Zarco en las disputas sobre la libertad de expresión entre liberales y conservadores en el siglo XIX, afirmando que ‘todos los buenos periodistas de la historia han apostado a las transformaciones’”.
Los asesinatos. El reporte detalla los casos de los periodistas asesinados en el último semestre:
El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado con arma de fuego por desconocidos en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. Estaba a punto de llegar a las instalaciones del medio cuando fue interceptado. Sus allegados dijeron que le interesaba rescatar el zapoteco como lengua en la zona y abría su micrófono para que la gente se expresara sobre los problemas públicos. Había recibido amenazas.
El 16 de mayo, Francisco Romero Díaz, reportero policíaco y dueño del portal Ocurrió Aquí, fue asesinado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. El cuerpo de Romero Díaz fue encontrado frente al bar La Gota junto a su motocicleta y presentaba heridas de bala y golpes en el rostro. Fue detenido un presunto responsable del asesinato, a quien la Fiscalía General de Quintana Roo identificó como probable autor material.
El 11 de junio, Norma Sarabia, periodista de 46 años, fue asesinada a balazos frente a su casa por sujetos que le dispararon desde un automóvil. Su cuerpo quedó tendido sobre la avenida Nicolás Bravo, en Huimanguillo, Tabasco. El 30 de julio fue asesinado Rogelio Barragán, director del medio digital Guerrero al Instante. Fue hallado sin vida en el municipio de Zacatepec, Morelos. Según colegas, Barragán se dirigía a visitar a sus familiares.
El 2 de agosto, Édgar Alberto Nava López, periodista y funcionario del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero, fue asesinado a balazos. Administraba la página de Facebook La Verdad de Zihuatanejo y era el director de Reglamentos de ese municipio.
También ese día fue asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el municipio de Actopan, Veracruz. El periodista fue atacado con un arma de fuego en el poblado de La Bocanita. Era reportero del diario El Gráfico, en Xalapa, Veracruz. Había denunciado amenazas de muerte y su casa ya había sido baleada.
El 24 de agosto, Nevith Condés Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur, fue asesinado en la comunidad de Cerro de Cacalotepec, Estado de México. Según fuentes diversas, el periodista denunció que policías estatales habían disparado contra un helicóptero que trasladaría a tres mujeres, una de ellas enferma, en el poblado El Rincón de Cristo. El periodista había solicitado apoyo de Artículo 19 por amenazas recibidas. También pidió su incorporación al Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal. Nunca se concretó esa medida.
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