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Colectivos de mujeres víctimas de violencia exhortaron a la senadora Ernestina Godoy y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, solicitando que impulsen con urgencia una reforma judicial que incluya los juzgados familiares.
En un documento denunciaron que en los últimos años han vivido en un entorno de impunidad y corrupción, en el que no solo son víctimas de sus agresores, sino también del sistema judicial que, aseguran, perpetúa su sufrimiento.
Deborah Verónica Roth expresó que su vida se ha convertido en un infierno desde que fue separada de sus hijas, denunciando que su expediente está plagado de irregularidades, desde informes apócrifos hasta la inacción de los jueces involucrados.
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En otro caso, Sandra Rodas denunció que la hermana de su agresor, quien forma parte del Poder Judicial, ha utilizado el tráfico de influencias para impedir que ella pueda recuperar a su hija, una situación que refuerza la percepción de corrupción y abuso de poder en los juzgados.
Las víctimas señalaron que los juzgados familiares se han convertido en cotos de poder, donde los jueces operan con complicidad y corrupción, favoreciendo a los agresores. Acusaron que se pagan sobornos por copias, acuerdos y sentencias, lo que impide una verdadera impartición de justicia. También denunciaron que los exámenes psicológicos y psiquiátricos son manipulados dentro de una red de corrupción que beneficia a los agresores.
Entre los casos más sonados, se mencionó el de la juez María Josefa Franco Corral, del Juzgado Noveno de lo Familiar, quien fue responsable de la polémica separación de la menor Camila de su madre, lo que derivó en la promulgación de la "Ley Camila".
Otro caso destacado es el de la juez Miriam Olimpia Rodríguez Lozano, del Juzgado Segundo de lo Familiar, señalada por su falta de experiencia y por facilitar, mediante corrupción, la separación de las hijas de Deborah Verónica Roth a favor de su agresor, quien contaba con poder económico para manipular el sistema.
El Juzgado Primero de lo Familiar y el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón, así como la juez Erika Magali Correa Río Frío, también fueron mencionados en las denuncias por presuntamente colaborar en casos como el de Dulce Nelly Gómez, donde decisiones judiciales favorecieron a los agresores.
Ante esta serie de graves denuncias, las víctimas solicitaron una reunión urgente con la senadora Ernestina Godoy, con el objetivo de promover una reforma judicial que erradique la corrupción en los juzgados familiares y permita que las mujeres y sus hijos reciban la justicia que tanto anhelan.
La crisis de justicia en los juzgados familiares de la Ciudad de México ha puesto de relieve la urgente necesidad de un sistema que proteja verdaderamente a las víctimas de violencia, sin la interferencia de intereses económicos o compadrazgos judiciales.
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bmc
