Organizaciones de migrantes y activistas en ambos lados de la frontera cuestionaron la capacidad de respuesta que tendría el gobierno mexicano a partir del 20 de enero, cuando inicie su mandato Donald Trump en Estados Unidos y con ello las deportaciones masivas de mexicanos y migrantes de otras nacionalidades en situación irregular.
Según albergues en Tijuana y Ciudad Juárez, el costo por dar alojamiento y alimentos a cada uno de los migrantes y desplazados que reciben actualmente es de entre 350 y 500 pesos al día, recursos que provienen de donativos de particulares u organismos religiosos, pero casi en ningún caso del gobierno federal, estatales o municipales.
Advierten que la crisis humanitaria que se prevé se agudice al comenzar 2025 es un “coctel peligroso”, porque del millón de deportados que planea Trump al menos 500 mil son de origen mexicano y los primeros que regresarán al país son personas con antecedentes penales, lo cual es otro ingrediente en el problema de la violencia e inseguridad que lo aqueja.
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“La gran pregunta no es qué vamos a hacer nosotros como organizaciones para defender a los trabajadores sin un estatus legal en Estados Unidos, la gran pregunta es qué hará el gobierno mexicano para recibir las oleadas de cientos de miles cada mes”, expuso el presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta.
En entrevista vía telefónica con EL UNIVERSAL recordó que de cumplirse la amenaza y promesa de campaña de deportar a un millón de migrantes cada año es claro que el nuevo gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum no tendría la capacidad de dar cobijo, trabajo y protección a los que llegarán por la puerta giratoria de las garitas fronterizas.
“Esa es la gran pregunta. Deportaciones siempre las habrá, el tema es si el gobierno mexicano volverá a dejar a los paisanos abandonados en las ciudades fronterizas, sin vivienda, sin servicio médico, sin empleos y a merced de la delincuencia organizada que gobierna gran parte del país”, apuntó.
Rocha Peralta recordó que en los últimos años, y más en el sexenio de López Obrador, un gran porcentaje de los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos son personas o familias que huyeron de la violencia en el país, que fueron extorsionados o amenazados, o bien con algún familiar que fue asesinado por el crimen organizado.
“Entonces, ¿qué protección se les puede ofrecer a esos cientos de miles que llegaron huyendo y que ahora podrían ser deportados en caso de no tener la calidad de refugiados o asilados en Estados Unidos? Esa es la gran pregunta en medio de esta crisis humanitaria que se podría desatar. ¿Qué hará el gobierno mexicano para protegerlos, para darles un empleo, un hogar?”, insistió.
Albert Rivera, director del albergue Ágape en Tijuana, expuso que es evidente que no ha existido un plan no sólo para los cientos de miles de deportados en los últimos años ni tampoco para el éxodo de mexicanos que huyen de la violencia y están en espera de asilo de Estados Unidos en ciudades fronterizas mexicanas.
Explicó que en 2023 se emitieron en Estados Unidos 200 mil órdenes de deportación y existen 225 mil órdenes más de detención de migrantes, que seguramente serán los primeros en ser deportados por el gobierno de Donald Trump.
Indicó que en los últimos cinco años el gobierno de Estados Unidos ordenó la deportación de alrededor de un millón de personas, de las que casi la mitad son mexicanos, por lo que de las metas que se fijará el gobierno de Donald Trump el porcentaje de deportados será similar para los connacionales.
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“Es decir, considerando estas cifras, estaríamos hablando que de la mitad del millón de migrantes que deportará cada año Trump unos 500 mil serán mexicanos, que es la nacionalidad con un mayor porcentaje en EU, pero si el gobierno de México sigue con la política donde es tercer país seguro los deportados de otras nacionalidades también serán enviados a nuestra frontera”.
Rivera, quien en los últimos años del gobierno de López Obrador transformó su albergue, con una capacidad de unas 500 personas, para recibir migrantes centro y sudamericanos, así como caribeños y familias de mexicanos desplazados, viudas y huérfanos del crimen organizado, puntualizó que ya se está preparando para agregar a la lista de huéspedes a los deportados de Trump.
Sobre los costos de mantener a los migrantes, desplazados y ahora ese millón adicional de deportados, insistió en que el gobierno mexicano carece de la capacidad, la infraestructura y la logística, lo que derivará en el colapso de los albergues fronterizos y los sistemas de salud y educación, entre otros.
Expuso que en promedio el costo sólo para alimentar a cada migrante o desplazado en los albergues es de alrededor de 350 a 500 pesos al día, sin contar el hospedaje, servicios, apoyo sicológico, médico y legal.
Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Migrantes, con sede en Chicago, Illinois, expresó que después del pasado “martes negro” electoral en Estados Unidos todo es posible y lo que tendrían que hacer las organizaciones de mexicanos en ese país y los consulados, pero sobre todo el gobierno federal, es declarar también un “estado de emergencia” ante las deportaciones masivas anunciadas por Trump.
“Se va a golpear, a deportar a familias enteras de mexicanos, a mujeres, a jóvenes, a separar niños, y nuestro gobierno mexicano no está preparado, no le interesa más allá del tema de las remesas. Es falso que tengan un plan, no lo han tenido en la última década con las deportaciones y el éxodo de mexicanos por violencia en Estados Unidos”, subrayó en entrevista telefónica.
Dijo que es evidente, aunque no lo ha reconocido el gobierno mexicano, que nuestro país seguirá siendo “tercer país seguro”, por lo que no sólo serán cientos de miles de mexicanos, sino también de ciudadanos de otras nacionalidades los que serán deportados y abandonados en las fronteras mexicanas, sin ningún tipo de apoyo y a expensas del crimen y enfermedades.
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“Si nos fue mal en los tiempos de Trump y López Obrador en el tema migratorio, con el establecimiento de la Guardia Nacional en México, ahora nos va a ir peor con un Trump con mayoría en el Congreso de Estados Unidos y con el control de la Suprema Corte”, vaticinó Arango. “La pregunta es: ¿qué hará el gobierno de Claudia Sheinbaum? Porque no tiene muchas opciones ni planes más allá de la retórica de decir que somos un país soberano y que defiende a los connacionales”, lamentó.
El activista indicó que si bien una parte importante de los primeros que deportará Trump son mexicanos detenidos en cárceles por cometer algún delito o los que han sido llamados por el servicio de inmigración y no han asistido a sus citas, otra parte muy importante son personas que no son puntualmente migrantes, sino quienes huyen de la violencia en México y están buscando asilo, es decir, refugiados.
“¿Qué va a ocurrir?, ¿cuál es el plan del gobierno de Sheinbaum para ellos, con decenas de miles? ¿Los van a devolver a sus comunidades en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, de donde salieron huyendo porque los extorsionaban o mataron a sus familiares? ¿Cuál es el plan? ¿Van a frenar la violencia en esas comunidades en tres meses?”, enfatizó Arango en la entrevista.