Trump puede amagar con aranceles y T-MEC, prevén

Miami.— Tras las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios, el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca —por lo pronto— su detención provisional en México.

Así lo señala a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento, que indica que para una extradición a Estados Unidos se necesita un expediente más completo. “Lo que nosotros hemos solicitado [al gobierno de México] es una detención provisional, que de momento no culpa a nadie y es una solicitud para abrir una investigación que por ley debe durar 60 días”.

Jaime Ortiz, abogado experto en extradiciones, menciona que los requisitos en el caso de la solicitud de detención provisional son más simples que los de una de extradición. “El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos permite que, en caso urgente, un país pida la detención de una persona acusada o sentenciada mientras formaliza después el expediente completo”.

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La solicitud de detención “no exige desde el primer momento una demostración plena de responsabilidad penal. Exige la descripción del delito, la identidad plena del señalado, su paradero, la promesa de formalizar la solicitud y la declaración de que existe una orden de aprehensión o sentencia”.

El artículo 11 del tratado es directo: al recibir una petición de esa naturaleza, la parte requerida “tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado”. Eso quiere decir que si Washington presentó por la vía diplomática una solicitud completa de detención provisional, México debe activar su propio procedimiento interno.

“No está obligado a entregar de inmediato a Rocha ni a nadie, pero sí está obligado a tramitar, revisar y poner el asunto ante las autoridades competentes y no querer a enterrarlo en un comunicado político”, afirma Ortiz.

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La fuente del Departamento de Justicia afirma que Estados Unidos ha “cumplido con todos los requisitos” en su solicitud de detención provisional. “Entregamos la descripción de cada delito, las identidades, las probables ubicaciones, el compromiso de formalizar la extradición y la orden de aprehensión expedida; el gobierno mexicano tiene que atender la petición conforme a la ley”.

Si México no actúa, aunque la solicitud provisional cumpla los requisitos, el problema no sería sólo diplomático.

“Sería una señal de complicidad política; el mensaje hacia Washing- ton sería que México exige cooperación contra el fentanilo y armas, pero no permite que un gobernador de Morena ni mandos sinaloenses acusados sean siquiera sometidos al trámite judicial previsto en la ley”, dice Ortiz.

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Lo que suceda con esta solicitud de detención provisional afectará la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La revisión formal está prevista para el próximo 1 de julio, pero ya se iniciaron pláticas y revisiones. El T-MEC, alerta a este diario el economista Iván Jiménez, “es una herramienta de presión económica que tiene a la mano el presidente” de Estados Unidos, Donald Trump.

La relación comercial entre México y Estados Unidos, dice Ortiz, no puede separarse de los temas “de seguridad, frontera, fentanilo y corrupción política. Trump lo sabe y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también”.

Trump ya probó el camino: en 2025 impuso aranceles adicionales de 25% a importaciones de México y Canadá bajo el argumento de drogas, migración y fentanilo; la Casa Blanca sostuvo que la medida buscaba responsabilizar a esos gobiernos por no frenar el flujo de drogas e inmigración irregular.

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Trump, insiste Jiménez, usa el comercio “como castigo y amenaza”. En ese sentido, detalla, “Trump podría decir que no hay integración económica estable con un gobierno que no tramita solicitudes contra políticos acusados de proteger a quienes envían fentanilo a Estados Unidos”.

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