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Silvano Aureoles Conejo, ingeniero forestal egresado de Chapingo y exgobernador de Michoacán por el casi extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), es considerado como prófugo de la justicia después de que la Fiscalía General de la República (FGR) detuviera a cuatro exfuncionarios de su mandato estatal entre 2015 y 2021 y emitiera orden de aprehensión en su contra por delitos de presunto peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público.
Este domingo 2 de marzo, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada para los excolaboradores del gabinete de Aureoles en Michoacán porque argumentó probabilidad de riesgo de los imputados para evadir la justicia, debido al caso particular del exsecretario de Finanzas, quien intentó fugarse a Miami, Estados Unidos.
Hasta el momento, los exfuncionarios detenidos que, en su momento Aureoles escogió "producto de un proceso amplio y complejo" son:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.
- Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC).
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Carlos Maldonado Mendoza, cercano a Aureoles
Carlos Maldonado Mendoza se desempeñó como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán durante el sexenio de Aureoles.
La dupla Maldonado-Aureoles, sin embargo, estuvo activa desde antes del mandato constitucional del ahora prófugo de la justicia: previamente, fungió como su asesor en temas financieros cuando Silvano figuró como diputado federal en la LVIII Legislatura en el año 2000.
Asimismo, el exsecretario de Finanzas se desempeñó como coordinador administrativo de la campaña de Aureoles por la gubernatura de Michoacán.
Durante su gestión en Finanzas y Administración, fue señalado por trabajadores del estado de presunto desvío de recursos debido a incumplimiento y retrasos en los pagos de nómina. No obstante Maldonado Mendoza descartó en todo momento actos ilícitos:
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"Desvío de recursos no ha habido, nunca ha existido. El robarse el dinero, pues está más complicado todavía; habría que comprobar entonces a dónde se fue el dinero. Lo primero que te pide la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado es comprobar el destino de los recursos, cosa que se ha comprobado".
César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico de Michoacán, informó en marzo de 2023 que se había iniciado una investigación en contra de Carlos Maldonado Mendoza por supuesto daño al erario público.
De acuerdo con el consejero, Maldonado reconoció un adeudo ilegal a Soriana por 30 millones de pesos en noviembre de 2017, mientras ocupaba el cargo público. La deuda, no obstante, fue contraída en 2012 y 2013, cuando Maldonado firmó un convenio con la cadena por 211 millones de pesos para la entrega de despensas a elementos de la Policía Federal en el estado.
Según Ocegueda, el exfuncionario carecía de atribuciones para firmar acuerdos a nombre de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el DIF, lo que provocó una serie de irregularidades.
Antonio Bernal Bustamante, favorecido de la SSP
Antonio Bernal Bustamante es Maestro en Derecho Procesal por el Instituto Universitario de ULATAM en Zinacantepec y se desempeñó como director general del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) del estado de Michoacán durante el mandato de Aureoles.
Anteriormente, Bernal también había sido secretario de Seguridad Pública en el gobierno del estado durante un periodo de 2015 a 2016.
Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, denunció en octubre de 2021, a los 20 días de iniciado su sexenio, que el extitular del Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), Bernal Bustamante, era uno de los favorecidos con exceso de escoltas durante el gobierno de Silvano Aureoles.
De acuerdo con información del gobierno de Ramírez Bedolla, Bernal Bustamante tenía a su disposición 32 escoltas, a costa del erario público, ya que presuntamente cobraban salarios en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Elizabeth Villegas Pineda, señalada por presunto lavado de dinero
Elizabeth Villegas Pineda es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Durante el mandato de Silvano Aureoles, fungió como funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
La Fiscalía General de la República inició, en febrero de 2022, una carpeta de investigación con motivo de denuncia presentada por la secretaria de la Contraloría del Estado, Azucena Marín Correa, por el delito de lavado de dinero en contra del exgobernador Aureoles; el exsecretario de Seguridad Pública, Antonio Bernal y Elizabeth Villegas Pineda, también funcionaria de SSP.
De acuerdo con la indagatoria, entre los años 2016 y 2019, la Secretaría de Seguridad Pública mediante su titular Antonio Bernal Bustamante y la delegada administrativa Elizabeth Villegas Pineda, otorgó contratos con múltiples inconsistencias a la empresa inmobiliaria DYF, representada por Miguel Ángel Morales.
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Presuntamente, con el objetivo de adquirir el servicio de arrendamiento y desarrollo de siete cuarteles distribuidos en distintos municipios de Michoacán.
La operación tuvo, de acuerdo con la denuncia, un costo de 2 mil 97 millones 728 mil 816 pesos por los siete cuarteles, más 9 millones 280 mil por concepto de proyectos ejecutivos por cada cuartel, lo que suma 64 millones 960 mil pesos.
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