Tras rechazo de iniciativa echan a andar el plan B

El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca suplir la reforma constitucional rechazada y que recibió este martes la Cámara de Diputados, plantea extinguir los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el salario a consejeros y compactar la estructura operativa del órgano electoral para ahorrar 3 mil 605 millones de pesos.

Además, prohíbe al INE y al Tribunal Electoral “interpretar” la ley, pues ha generado una impartición de justicia facciosa e ineficaz. También prevé sancionar a quienes, en la difusión de propaganda política o electoral, “calumnien” al gobierno federal.

Previamente al cierre de esta edición, la reforma que modifica diversas leyes secundarias subió al pleno con dispensa de trámites y extingue dos fideicomisos del INE: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, bajo el argumento de que “fueron creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal”.

En la exposición de motivos, la iniciativa del Presidente sostiene que el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos; sin embargo, derivado de una revisión de EL UNIVERSAL al reporte de las finanzas públicas correspondiente al tercer trimestre de 2022, el monto disponible de ambos fideicomisos rebasa los mil millones de pesos.

“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del INE. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería de la Federación”, señala la propuesta.

Asimismo, establece que el INE “no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos”.

El proyecto ordena al INE administrar los recursos públicos “con austeridad” e imposibilita la contratación de seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación.

Como parte de la acotación, plantea la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE), que establece la integración de la estructura del INE con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Se prevé la remoción anticipada del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina para dar paso a la creación de una Comisión de Administración con cinco consejeros, cuyo encargado se designará para el periodo 2023-2029.

Fusiona la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica para formar la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral; compacta la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional para formar la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional y fusiona la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica para dar origen a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral, entre otros cambios, para reducir la estructura del órgano.

Para ahorrar más, la reforma plantea que los consejeros electorales no ganen más que el presidente de la República y propone que en vez de 300 consejos distritales, sólo funcionen 260.

El plan B también prevé sancionar a quienes en la difusión de propaganda política o electoral “calumnien” a esta administración, al establecer que constituye infracción “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos”.