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Tras varios días hospitalizado derivado de un atentado en su contra el 18 de abril pasado, Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), murió este viernes 25 de abril en Acapulco, Guerrero.
Así lo informaron organizaciones de la sociedad civil y colectivos como Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, que también se oponían al proyecto hidroeléctrico en Guerrero.
“Después de que el pasado viernes 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy desafortunadamente nos llegó la noticia de que perdió la vida por los disparos de gravedad que le hicieron, luego de 8 días en el hospital tratando de sobrevivir”, publicó la organización.
Además de lamentar el asesinato de uno de los luchadores más importantes de Guerrero, exigieron a las autoridades del estado una investigación exhaustiva y castigo a los responsables. En días pasados, diversas organizaciones se pronunciaron respecto al ataque con arma de fuego del que fue víctima la noche del 18 de abril.
“Queremos ante todo, reconocer públicamente la larga trayectoria de Marco Antonio en la defensa de los territorios campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec, que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”, señalaba un comunicado por decenas de organizaciones defensoras.
De acuerdo con medios locales, la agresión se registró en una entrada de la playa Icacos, en la calle Fragata Yucatán ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco.
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Por varios años, el defensor campesino ya había sido víctima de amenazas y fue detenido arbitrariamente en junio de 2014 y acusado de robo calificado, además de que fue víctima de hostigamiento judicial, de acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Segob condena asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), condenó la agresión contra Suástegui e indicó que es fundamental que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación.
"Cuando ocurrieron los hechos se activaron los protocolos correspondientes para la atención de la familia, en coordinación con las autoridades estatales", aseguró Medina Padilla.
El subsecretario de la Segob reiteró el compromiso de fortalecer la cooperación con los estados para prevenir y erradicar la violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Amnistía Internacional exige justicia por la muerte de Marco Antonio Suástegui Muñoz
Al respecto, Amnistía Internacional condenó el asesinato del defensor Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien también buscaba a su hermano Vicente desde 2021. Por lo que exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación eficaz considerando su labor, y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protección urgente para su familia.
Vicente Suástegui Muñoz desapareció el 5 de agosto de 2021 y también se oponía a la presa La Parota. Apenas el martes 22 de abril pasado, se emprendió otra búsqueda para hallar su cuerpo, encabezada por el colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero.
El 25 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades a emprender acciones urgentes para localizar al defensor del agua y del territorio Vicente Suástegui Muñoz, y dar protección a sus familiares para prevenir daños de difícil o imposible reparación.
“Esta Comisión Nacional reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando atenta contra las y los defensores de derechos humanos, como en el caso de Vicente Suástegui Muñoz y su hermano Marco Antonio Suástegui Muñoz, quienes, desde hace varios años atrás han sido víctimas de hostigamiento, persecución, represión, detención arbitraria y tortura por la defensa del agua y el territorio de 24 comunidades indígenas y rurales en el estado de Guerrero”, se lee en el comunicado.
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