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Por abusos y malos tratos, trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), adscritos al Órgano Interno de Control (OIC), presentaron vía correo electrónico una denuncia contra su titular, Mireya María Zuleta Monsiváis.
En la misiva presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, los trabajadores aseguran que la funcionaria ha realizado actos de intimidación y hostigamiento laboral hacia el personal a su cargo.
Según los denunciantes, Zuleta Monsiváis habría utilizado su puesto para efectuar acciones en contra de los derechos laborales y humanos de los trabajadores a su cargo.
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Entre los señalamientos se encuentran: amenazas, hostigamiento, jornadas extensas de trabajo, suspensión de vacaciones y días de descanso, entre otras.
“Pese a que había personal a quienes les debían días de vacaciones del mes de abril del año en curso y de periodos atrás, debido a que se cubrieron guardias en los periodos vacacionales, simplemente decidió la titular Zuleta Monsiváis, eliminar los días que tenían algunos compañeros a su favor; había quienes tenían más de 15 días acumulados y sin embargo, sin previo aviso, se giró la indicación de que los días acumulados que se debían a los trabajadores por vacaciones serían descartados”, señala uno de los trabajadores a EL UNIVERSAL, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
El denunciante expresa que continuamente en el OIC del Poli se transgrede la Ley Federal de Trabajo, ya que a varios de los trabajadores, a pesar de haber pasado su periodo de prueba, se les dan contratos de únicamente un mes, bajo la amenaza de presentar actas administrativas e iniciar procedimientos en su contra si deciden denunciar dicha situación.
Menciona que pese a haber sido contratados para llevar a cabo actividades relacionadas con su experiencia y sus estudios, ahora han sido trasladados a realizar funciones de las cuales no tienen conocimiento, esto con el propósito de que renuncien o sean despedidos.
Los trabajadores solicitan de manera urgente la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para evitar que continúen las violaciones a sus derechos, al tiempo de solicitar medidas de protección para con ello poder dar a conocer sus identidades, sin que exista alguna represalia en su contra.
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