
Para enfrentar la crisis de desapariciones es urgente que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emane de un proceso transparente de consulta entre las familias de desaparecidos y colectivos de buscadoras, sin cuotas partidistas, pagos políticos o en favor de los intereses del gobierno, afirman rastreadoras.
Tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, las familias de personas desaparecidas exigen que el nuevo comisionado sea alguien con verdadera experiencia para que tenga empatía y compromiso con la causa, pues a lo largo de los años los nombramientos alejados del trabajo en territorio, burocráticos y sin escucha activa han fracasado, generando una crisis de confianza y continuidad sin resultados en la institución.
“El perfil del nuevo titular de la comisión de búsqueda debe ser afín a las familias, que tenga la sensibilidad, que conozca el problema, que conozca el gran flagelo que se está cometiendo en nuestro país, pero también que tenga la disposición y la empatía de trabajar en conjunto y de la mano, de escuchar a las familias (...) alguien que de veras quiera aportar y ayudar a solucionar, y no a entorpecer más”, dice a EL UNIVERSAL, María Isabel Bernal, líder de Sabuesos Guerreras en Sonora.
Las organizaciones de familiares de desaparecidos están convencidos de que además de las presiones políticas y del crimen organizado, las extitulares de la CNB renuncian al poco tiempo al darse cuenta de que el problema de la desaparición forzada y la crisis forense no es tan sencillo como el gobierno aparenta.
“Al llegar [a la titularidad de la CNB] se topan con que no es sencillo. No duran porque no escuchan, no entienden el dolor ni dimensionan la urgencia. Llegan con discursos técnicos, pero sin conexión con quienes buscan a sus seres queridos (...) No viven lo que nosotras”, acusa Bernal, y reitera que quien encabece la comisión debe priorizar la búsqueda, no la burocracia.
Para Lucy Díaz, líder del Colectivo Solecito, en Veracruz, el perfil idóneo para dirigir la CNB debe tener un conocimiento profundo en ciencia forense, experiencia en búsqueda en vida y en campo, así como una alta capacidad administrativa y sensibilidad humana.
Aunque reconoció que el trabajo de las madres buscadoras es la piedra angular para enfrentar la crisis de desapariciones, dice que el cargo no puede ser para una rastreadora.
“No necesariamente tiene que ser una buscadora, porque es un cargo que requiere conocimientos académicos, administrativos, capacidad para trabajar con gente de diferentes estados, diferentes orígenes y trasfondos. Lo que puede hacerse es un consejo dentro de la comisión, constituido por buscadoras, que sea el semillero de ideas para las búsquedas (...), pero no dirigirla”, reitera.
Díaz advierte que una de las mayores afrentas para las familias de desaparecidos es que el dolor y la tragedia se utilicen como herramienta política. Para ella, el uso del tema con fines partidistas no sólo es ofensivo, sino que perpetúa la indiferencia institucional y desvía el foco de lo verdaderamente urgente, que es encontrar a los desaparecidos, hacer justicia y atender una crisis humanitaria de proporciones devastadoras.
“Es importante alejar la política de esto. Es un tema de humanismo, es una catástrofe humanitaria y es un tema de justicia(...) Que se use el tema de los desaparecidos para la política es imperdonable, es cruel, porque una persona desaparecida pierde la vida, la identidad, a su familia, pierde todo y que se use como negocio político debería estar categorizado como un crimen por la magnitud del problema”, subraya.
Delia Quiroa, líder del Colectivo 10 de marzo, llamó a la Secretaría de Gobernación a realizar un proceso legítimo de selección, con una convocatoria pública, inclusiva y con escucha activa a las propuestas que familiares y colectivos han presentado en las reuniones con Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia.
Recordó que Teresa Guadalupe Reyes fue una funcionaria impuesta desde las instituciones, que demostró —como preveían— carecer de las competencias necesarias para encontrar a sus seres queridos, agilizar la identificación humana, garantizar la transparencia de los procesos burocráticos inmediatos tras una desaparición, y ofrecer verdad y justicia al estar alineada con valores políticos que han demostrado no tener consideración por la crisis.
“Necesitamos una convocatoria que considere las voces de los colectivos, que incluyan a las personas que conocemos, que de verdad tienen experiencia en el ramo, porque no han dado oportunidad a las familias a que, por mayoría de colectivos, elijamos.
“Este error detonó que haya registros a modo, el desmantelamiento del Centro de Identificación Humana y un retroceso de años en los avances que ya habían logrado las familias de los desaparecidos, y es por eso que nunca la aceptamos las familias de los colectivos”, manifiesta Reyes.
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