Más Información
La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, alertó que la infiltración del crimen organizado en entornos sociales y niveles de gobierno preocupa frente a la elección judicial, pues se ha probado que hay intereses de grupos políticos y organizaciones delictivas.
Durante la presentación del Índice de Paz México 2025, por parte del Instituto para la Economía y la Paz, la magistrada afirmó que las resoluciones del Poder Judicial en el país suelen llegar tarde frente a las investigaciones de las fiscalías y la falta de políticas públicas que prioricen la atención inmediata de los delitos.
“Cuando hablamos de los delitos, para hablar de impunidad, el Poder Judicial es el último eslabón en la cadena. En muchas ocasiones los criterios de los juzgadores llegan demasiado tarde, porque no es el primer respondiente y no fija la política pública. Llega cuando todo eso ya pasó”, expuso.
Ejemplificó con lo acontecido con Mariana Lima Buendía, el primer caso en México que el Poder Judicial federal resolvió tipificando el delito de feminicidio e instruyendo a las fiscalías a investigar casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género.
“La Corte, cuando hace ese análisis y fija los criterios para juzgar con perspectiva de género, va minando en la concepción social, pero también en la forma en que todos los operadores de justicia van viendo los delitos, para poder hacer un mejor ejercicio de sus funciones.
“Con esto quiero decir que el trabajo del Poder Judicial no es perfecto, ni que no haya cosas que se tengan que arreglar, pero la reforma judicial nace de este falso concepto de impunidad reducido a sentencias, cuando donde nace la impunidad es en la manera en la que se investiga”, subrayó Molina.
La magistrada destacó que las fiscalías no forman parte de la reforma al Poder Judicial y, por lo tanto, se deja fuera a un eslabón importante en la cadena de impunidad.
Dijo que en el proceso de elección en el Poder Judicial “tenemos una infiltración evidente de grupos políticos y una muy posible de parte de grupos del crimen organizado, lo que implica que tendremos una justicia menos independiente”.
Recientemente, los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia para cancelar 26 candidaturas de aspirantes a un cargo en el Poder Judicial federal, por estar presuntamente relacionadas con organizaciones religiosas y del crimen organizado.
Además, diversos medios de alcance nacional han documentado la cercanía de varias candidaturas con el gobierno que lidera Morena a nivel federal y local.
El pasado 10 de mayo, EL UNIVERSAL publicó que de 41 aspirantes al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, al menos 15 aspirantes tienen una relación directa con Morena o políticos líderes de la autodenominada Cuarta Transformación.
